Curva de la Violencia: En Venezuela se vive una mutación de la criminalidad en estados fronterizos

 

Con una cifra que alcanza los 979 homicidios, 309 desapariciones y/o secuestros, y 317 enfrentamientos, encabeza la presentación pública del informe Curva de la Violencia del año 2021 presentado por FundaRedes.

Tras el análisis de los datos recabados por la organización en seis estados fronterizos de Venezuela, (Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia), queda en evidencia que en estos territorios se vive una mutación de la criminalidad.

«El crimen está mutando, es decir, se presenta con otras características y condiciones, porque ya no son hechos criminales casuales sino causales, puesto que para los grupos armados irregulares (GAI) es más favorable, tener personas secuestradas que muertas, porque estos no pagan vacunas, no cuentan para intereses económicos que mantienen a estos grupos. A diferencia de los secuestrados, que para los GAI son fuente de financiamiento a través de la extorsión, para seguir acrecentando las actividades criminales que realizan» explicó Luis Useche, Coordinador jurídico de FundaRedes.

Una visión cegada sobre la realidad

Según el jurista, una mirada superficial de los resultados de este trabajo de documentación, investigación y registro a los seis estados fronterizos, podría darnos una visión cegada sobre la realidad de lo que ocurre. «Vemos como en el año 2019 se registraron 1613 homicidios, al año 2020 se registran 1158 y el año 2021 arroja 979, lo cual indica que ha habido un descenso en los homicidios ocurridos”, agregó.

En cuanto a enfrentamientos armados, recordó que se registraron 692 en el año 2019, en el 2020 ocurrieron 555 y en el año 2021 se ejecutaron 317 enfrentamientos armados.

“Si vemos estos números se puede interpretar que están desapareciendo los elementos de criminalidad en la frontera, pero hay que analizar lo que verdaderamente sucede, y es que se han impuesto políticas de miedo y control social a la población, por parte de grupos armados de origen guerrillero, bandas criminales con la participación en buena medida, de actores del Estado como son los cuerpos de seguridad”, resaltó Useche.

Así mismo destacó el resurgimiento de las desapariciones y/o secuestros, donde se detecta un un incremento progresivo del número de personas que son víctimas de este flagelo. En el año 2019 FundaRedes pudo reportar 91 desapariciones y/o secuestros, para el año 2020 se reflejaronn 208 y finalmente en 2021 se produjeron 309.

Durante su explicación con bases fundamentadas en la investigación que realiza FundaRedes, dijo que, “cuando vemos personas bajo la descripción de desaparecidos, las cuales forman parte del proceso migratorio eruptivo que vive Venezuela, algunas de estas pasan a formar parte de los grupos guerrilleros o bandas criminales».

Para el representante de FundaRedes, estas desapariciones obedecen al proceso de reclutamiento para pertenecer a los grupos armados irregulares, lo que hace necesario desplegar las alertas de cómo funcionan las organizaciones criminales en esta zona suroccidental fronteriza.

“Lo singular del registro de FundaRedes en hechos delictivos en la frontera con diferencia al resto del país, es que Venezuela ha sido impactada por un desplazamiento lento pero masivo de grupos guerrilleros, que han tenido derrota militar en el territorio colombiano, y en consecuencia de esto, se han alojado en los estados fronterizos, teniendo a su favor la complicidad de actores del poder público venezolano”, afirmó Useche.

De acuerdo con el análisis presentado, surge un nuevo fenómeno producto de la emergencia humanitaria compleja:  junto a las personas trabajadoras que emigran a causa de las políticas equivocadas que ocasionaron la destrucción del aparato económico del país, se han desplazado personas que han tenido conductas delictivas en el pasado aquí en Venezuela, trayendo como consecuencia el desplazamiento de la criminalidad fronteriza.

“En FundaRedes tenemos el compromiso de señalar el desarrollo de un proceso de criminalidad entre las zonas fronterizas de Venezuela y Colombia, en cuanto a desplazamiento de grupos armados irregulares que obedece a factores históricos, creando espacios de criminalidad que tienen dinámica y vida propia, un ejemplo, Táchira y Norte de Santander, junto a los demás estados fronterizos”, enfatizó.

El Arco minero del Orinoco, -destaca Useche, ha derivado muertes y enfermedades, puesto que está cercado por “normas artificiales” ocasionando desplazamientos de la población y todo un envoltorio de criminalidad que atenta contra los derechos fundamentales de los habitantes ancestrales de este territorio.

Estado venezolano cede territorios a la delincuencia organizada

Por su parte, Jesús Alberto Berro, abogado, profesor universitario y ex director de la policía del estado Táchira, acotó que el secuestro, la extorsión y los sicariatos, encabezan este informe, demostrando el amedrentamiento diario a los ciudadanos, generando zozobra, «por el terreno que el Estado venezolano ha dejado en manos de la delincuencia estructurada, desequilibrando a la población».

Además hizo referencia que en el 2021 se dio una expansión violenta de grupos armados irregulares (GAI) de origen colombiano en Venezuela, significando una mayor vulneración a los derechos humanos de los habitantes, que son sometidos a nuevas dinámicas de convivencia impuestas por estas agrupaciones.

Berro describió como una “violencia transculturizada”, a la mutación delictiva que se vive en Venezuela y que se ha esparcido en el país, “lo cual se ve reflejado en este informe emitido por FundaRedes, resultados que son alarmantes y requieren que estos grupos sientan la presencia del Estado venezolano, para que se respeten los Derechos Humanos de los ciudadanos”.

Vulneración de los Derechos Humanos en ascenso

Por su parte Clara Ramírez, abogado y Gerente de Documentación y Derechos Humanos de FundaRedes, destacó la importancia de las tres unidades de análisis que sigue la organización, las cuales permiten evaluar los índices de criminalidad en los estados fronterizos.

El informe de la Curva de la Violencia 2021, toca de manera especial el impacto de la criminalidad en el Arco Minero del Orinoco, territorio donde se vulneran los derechos de los Indígenas, niños y mujeres, quienes a diario son afectados por grupos delincuenciales, así como la presencia en el estado Zulia uno de los más afectados por  grupos armados que operan junto a actores del Estado, involucrados en actividades ilegales.  

Prensa FundaRedes