El conflicto armado en Apure es una prueba contundente de que los DDHH en Venezuela son violentados de forma indiscriminada por un Estado que incumple su cometido constitucional, además donde se vulnera el derecho a la vida, salud, educación y sobre todo a la libertad, caso concreto, la detención arbitraria del director de FundaRedes Javier Tarazona

El año 2021 destaca como reflejo de la emergencia humanitaria compleja, un significativo incremento en la conflictividad y la violencia, especialmente en el estado Apure y los espacios fronterizos donde se produjeron graves enfrentamientos armados, redistribución de las estructuras irregulares de poder, así como pugnas por el control del territorio, recursos y rutas para el comercio ilícito y el narcotráfico, siendo esto el punto de atención de FundaRedes en su informe anual 2021, a través de una presentación virtual que contó con la participación del Abg. Marino Alvarado Coordinador de Exigibilidad de Provea y la Abg. Clara Ramírez Gerente de Documentación y Derechos Humanos de FundaRedes.

Es en este año, donde se registraron 317 presuntos enfrentamientos en los que 439 personas murieron; lo que representa 45 % del total de las víctimas de homicidio en los seis estados fronterizos; es decir, casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes. Así mismo, se evidenció un total de 979 víctimas de homicidio, junto al asesinato de 39 niños y adolescentes.

Gracias a la investigación, documentación y denuncia del equipo de activistas y defensores de FundaRedes, se destaca que, hay un silencio permisivo del Estado venezolano ante las acciones de grupos armados irregulares (GAI), y su actuación en asociación con los cuerpos de seguridad para la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas.

Actuaciones que ponen en peligro inminente a la población, quienes producto de esa dinámica envolvente, terminan como nóminas de los GAI, mafias y bandas que conspiran contra la vida, seguridad, bienestar y libertad, quedando como víctimas de los grupos criminales que pretenden reducirlos a condiciones de servidumbre, o esclavitud moderna en medio de una balcanización.

Por ende, los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, así como algunas etnias semi nómadas han sido despojadas de sus territorios y caído en un absoluto abandono por parte del Estado venezolano, encontrándose expuestos a las violentas acciones de los (GAI), quienes ejercen sus acciones delictivas a lo largo del Arco Minero, controlando el paso de personas y mercancías, utilizando estos espacios para el tráfico ilícito de combustibles, minerales derivados de la explotación irracional del suelo, como oro, diamantes y coltán.

Absoluto silencio del Estado en Apure

Durante la transmisión virtual del Informe Anual 2021, participó el Abogado Marino Alvarado Coordinador de Exigibilidad de Provea, quien destacó durante su intervención que, “existe un silencio absoluto con el tema del conflicto en este estado, por ello exhortamos al Estado venezolano a que explique al pueblo hasta donde han avanzado las investigaciones de la masacre en El Ripial, estado Apure”.

Sumado a esto, detalló que, “en el caso del conflicto en Apure se llevó a cabo la ejecución extrajudicial de cinco personas por funcionarios de fuerzas de investigaciones especiales, testigos señalan que las FAES son responsables”, dijo Alvarado.

“Desde Provea extendemos toda nuestra solidaridad con todas esas personas que han tenido que huir como consecuencia del conflicto armado, producto no solo de las seis graves violaciones a DDHH que se han dado en el contexto del conflicto, así como con Javier Tarazona quien por denunciar lo que viene sucediendo en el estado Apure y los abusos frente a un poder que viola los DDHH en estados fronterizos, está injustamente privado de su libertad”.

Marino Alvarado finalizó resaltando que “se debe mantener el respeto a los DDHH en la frontera, no puede ser que, en nombre de garantizar derechos, haya más inseguridad y atropellos, la población es quien sufre estas consecuencias”.

Encarcelamiento y violación de DDHH injustificados

FundaRedes ha jugado un papel fundamental en este proceso de visibilizar los eventos de violación de DDHH, además, ha dedicado esfuerzos a mostrar la total opacidad que el Estado propicia ante tanta vulneración.

“Pero este monitoreo constante no está exento de riesgos, siendo el más palpable, la detención arbitraria de activistas de la organización en los meses de marzo y julio pero que aún se mantiene la del director de FundaRedes Javier Tarazona quien, desde el 02 de julio de 2021, vive el calvario de haber sido sometido a un encarcelamiento injusto y el desarrollo de un proceso de criminalización judicial, carente de elementos probatorios en su contra”, así lo dijo Clara Ramírez Gerente de Documentación y Derechos Humanos de FundaRedes, durante su intervención en la presentación virtual del Informe anual 2021 de la organización.

Dijo la fuente que, el delito que le pretenden recriminar, es el de haber levantado la voz de la conciencia nacional ante el abandono deliberado de las responsabilidades del Estado, “en cuanto a la defensa de la soberanía nacional en el espacio fronterizo”, asimismo, el de denunciar que el Estado incumple su deber de protección a la población ante los desmanes de los GAI, así como la complicidad de algunos agentes del poder con diferentes grupos que operan deliberadamente.

Resaltó Ramírez que “en el año 2021 nos dividimos en tres momentos fundamentales, los meses previos al conflicto en Apure, de marzo a junio donde se evidenció cada hecho dentro de este conflicto armado y desde el mes de julio posterior a la detención de Javier Tarazona”.

El derecho a la libertad personal resalta dentro del informe, así como el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Para todo ello es necesario gozar de un sistema de protección a cargo del Estado, pero las evidentes actuaciones, reflejan su incumplimiento y opacidad que solo buscan silenciar las voces de quienes defienden los DDHH.

Además, dijo que, “a pesar de lo vivido durante el inicio y proceso de los hechos violentos en el Estado Apure, nos hicimos presentes allí, siendo las víctimas directamente quienes dieron sus testimonios, pero lamentablemente visibilizar todo lo ocurrido comenzó a traer consecuencias a la organización, y fue ese 02 de julio que el Estado venezolano materializó todas las amenazas y actos donde señalaba que FundaRedes mentía e instigaba al odio, y desde ese día lamentablemente se violan los DDHH de nuestro director general Javier Tarazona”.

Agradeció en nombre de Javier Tarazona, Rafael Tarazona, Omar de Dios García, sus familiares y todo el equipo de FundaRedes al movimiento de DDHH nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del Táchira y estados fronterizos, “que desde el día uno ha apoyado a la organización exigiendo la libertad de Javier Tarazona, gracias”.

Derecho a la vida, letra muerta para muchas familias

La implantación de la cultura de la muerte con las acciones de grupos armados irregulares (GAI), con alto poder de fuego, es parte de lo que muchas familias han denunciado a través del Observatorio de FundaRedes, y que la organización ha hecho visible en su informe Curva de la Violencia.

A pesar del alto número de personas fallecidas en la frontera venezolana en medio de los enfrentamientos descritos, esta no es la única causa de muerte registrada, en las entidades fronterizas

En cuanto al derecho a la propiedad en Venezuela el presente informe resalta que este derecho es permanentemente violado en el corredor fronterizo, por los grupos armados irregulares, tomando extensiones de terreno que se han convertido en pistas clandestinas, convirtiéndolo en un gran espacio de llegada y salida de vuelos ilegales que movilizan toneladas de droga hacia Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa, pistas que suman un total de 70 aproximadamente identificadas por FundaRedes y denunciadas ante el ministerio público.

Así mismo, en el Informe anual 2021 de FundaRedes, se hace referencia al derecho a un ambiente sano y sustentable, que ante la ausencia de una política que garantice la protección del ambiente como fuente de sostenibilidad, los territorios se encuentran a merced de los (GAI) puesto que, a pesar de que el Arco Minero del Orinoco (A.M.O), sea una zona económica militar especial, no ha impedido el accionar delictivo de estos grupos, que ejercen la minería ilegal, se evidencia el desplazamiento de la población indígena y la catástrofe ambiental que afecta vastas áreas del territorio protegido en el cual se encuentran parques nacionales.

FundaRedes ha determinado a la educación como centro de cambio en Venezuela, pero a causa de la grave crisis de gobernabilidad se ha vulnerado este derecho, puesto que, en la región suroccidental fronteriza, durante el año 2021 continuó el asedio de los grupos armados irregulares, persistiendo en sus prácticas de reclutamiento de nuevos integrantes de las organizaciones criminales, con políticas de encantamiento a la juventud y niños en edad escolar.

La emergencia sanitaria mundial impuesta por la expansión del virus COVID-19, agudizó aún más la ya maltrecha condición del sistema escolar producto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, poniendo en evidencia la incapacidad de las instituciones del Estado para brindar una educación acorde a sus postulados constitucionales y legales, situación denunciada en múltiples oportunidades por FundaRedes.

En aras de visibilizar el trabajo de documentación, puntualizó la gerente de documentación y Derechos Humanos Clara Ramírez que, se ha elaborado un mapa de geolocalización “allí mostramos algunos sucesos o hechos de los GAI, sitios de reclutamiento, donde se encuentran las pistas clandestinas, entre otros, así como los estados con mayor número de desplazados, municipios con mayor incidencia y qué frentes operan”, señaló.

Por lo que finalizó destacando que en días posteriores se estará compartiendo en las redes sociales de FundaRedes el acceso a toda esta información, que durante años el equipo ha recabado, a fin de dejar constancia de cómo y dónde operan deliberadamente, con las mayores incidencias de violaciones de DDHH.

“El 2021 fue un año de resiliencia, pero FundaRedes lo único que ha perdido es el miedo, seguimos trabajando por los más vulnerables y víctimas de violaciones, seguiremos con el trabajo que nos apasiona, porque defender a los más débiles no es delito”.

Prensa FundaRedes