Varias organizaciones no gubernamentales sostuvieron este viernes que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela deja en evidencia la «incapacidad» del Estado para generar por sí mismo mecanismos de investigación y de justicia.

«La realización de una investigación por parte de la CPI y, además, que tenga que asesorar al Gobierno venezolano en la materia, lo que hace es ratificar, una vez más, que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad para generar por sí mismo mecanismos de investigación, de justicia y de no repetición de los hechos», dijo el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.

En un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de la organización, el activista celebró el anuncio de la instalación de una oficina de la CPI, considerándolo «un logro» tanto de las víctimas y sus familiares, que «han brindado su testimonio a pesar de las amenazas», como del «liderazgo social y político» que acudió a instancias internacionales.

Este jueves, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro, con quien sostuvo varias reuniones esta semana, en la que viajó al país tras ser invitado por el Gobierno.

En este sentido, Uzcátegui insistió en que, aun con la presencia de la CPI y de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., seguirán «exigiendo que se permita también la visita de otras importantes instituciones, como la Misión independiente de Determinación de Hechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».

Por otra parte, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó a Efe que la apertura de esta oficina, si bien «no es nada excepcional», demuestra que «alguien no lo está haciendo bien dentro del sistema de justicia venezolano y que necesita que alguien de afuera le diga qué es lo que tiene que hacer».

Fuente: www.swissinfo.ch