FundaRedes: El mes de julio deja un saldo de 97 homicidios, 18 enfrentamientos, 30 desapariciones y  secuestros 

 

La falta de atención de las autoridades y diferentes organismos de seguridad del Estado venezolano, son el detonante para que grupos armados y bandas delincuenciales, tengan el control y poder no solo en el corredor fronterizo, sino también en los estados Anzoátegui, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Nueva Esparta y Sucre.

 

 

 

De acuerdo con las investigaciones y monitoreo que la ONG FundaRedes realiza a diario en el corredor fronterizo, posiciona a Zulia como el estado con más homicidios, sumando 25, seguido de Táchira con 11, sustituyendo en este periodo al estado Bolívar que, hasta junio ocupaba esta posición, quedando en el mes de julio de tercera con 07 homicidios, Apure 02 y Falcón con 05, lo que alcanza la cifra de (50) homicidios, sumándole (24) desapariciones y/o secuestros y (8) enfrentamientos armados.

Los hechos delictivos ponen en entredicho la eficacia de los órganos de seguridad venezolanos, demostrando que tanto los Grupos Armados Irregulares (GAI) como bandas criminales, están ejerciendo sus actividades ilícitas en el interior del país, llegando hasta Anzoátegui, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Nueva Esparta y Sucre, donde se registraron cuarenta y siete (47) homicidios; diez (10) presuntos enfrentamientos armados que cobraron la vida de 12 personas y se reportaron seis (6) desaparecidos y/o secuestros

Según el registro del Informe de Contexto Violento, para el mes de julio se documentó un total de 97 homicidios en estos 12 estados de estudio, donde el equipo de activistas y defensores de FundaRedes han realizado incidencias, denunciando la directa y sistemática violación a los DDHH en los venezolanos.

En cuanto a la unidad de investigación desapariciones y/o secuestros, la organización registró 30 casos, predominando este delito en el Táchira con 10 desaparecidos, seguido de Apure con 07, Bolívar 03, Zulia 02, Falcón 01 y Amazonas 01. Además de 06 que se efectuaron en los estados el interior del país.

Los casos de enfrentamientos, alcanza la cifra de 18, punteando el estado Zulia con 06, en los cuales la violencia y la criminalidad persisten bajo la pasividad y mirada silente del Estado venezolano, quien no garantiza la seguridad de tantas familias que viven a merced de actores delincuenciales, que mantienen en zozobra a los pobladores.

 

Hechos violentos que marcan precedente en 12 estados del país

 

Territorios alejados de la zona fronteriza, también se incluyen en el monitoreo por parte de activistas y defensores de DDHH de FundaRedes, quienes detectaron la fragilidad con que los pobladores de estados como Anzoátegui, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Nueva Esparta y Sucre, sufren como consecuencia de la permanencia de los GAI.

El estado Zulia vive un ambiente de terror e impunidad, por la operatividad, de al menos 16 bandas organizadas, distribuidas mayormente en los municipios: Maracaibo, Miranda, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada y Santa Rita, donde se cometen homicidios, extorsiones, secuestros y sobre todo ataques con artefactos explosivos como medio de cohesión.

En el Táchira, se confirma una vez más, la presencia de GAI cerca de la franja fronteriza, dejando 5 muertes en este caso el municipio Fernández Feo. Lo mismo sucede en Bolívar, donde las mafias dedicadas a la extracción minera, deja un triple crimen cometido contra indígenas de la etnia Jivi.

A su vez, en el estado Apure sus pobladores continúan conviviendo desde hace 10 años bajo diversas facciones guerrilleras y agrupaciones criminales que dejan un ambiente desalentador para la región llanera.

Por su parte, Amazonas permanece bajo las constante actuaciones de las Farc y el ELN quienes, por sus intereses en las selvas y minerales de este territorio, ocasionan el detrimento del ambiente, desmejorando las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente de la población indígena, víctima de la violencia.

Queda demostrado una vez más que, el aumento de la violencia en julio de 2022 se debe a la falta de garantías y protección a los ciudadanos en sus derechos a la vida, integridad personal, bienes y propiedades, sumado al incumplimiento de los deberes de los organismos del estado, contemplados en la CRBV.

Prensa FundaRedes