FundaRedes: 50 fallecidos en el corredor fronterizo por incremento de la violencia durante el mes de julio

Unas 16 bandas criminales se apoderan del estado Zulia, Táchira y otros estados de frontera para la ejecuxión de la megabanda “Tren del Llano” persiste en Guárico y en Táchira continúan operaciones de células del “Tren de Aragua”.

Enfrentamientos por el control de territorio para el desarrollo de actividades ilícitas, extorsiones, asesinatos, trata de personas, esclavitud moderna, narcotráfico, contrabando de minerales, desapariciones y secuestros, arrojan como resultado 50 personas fallecidas en el corredor fronterizo, como evidencia de las investigaciones del equipo de FundaRedes durante el mes de julio, a través de su Informe de Contexto Fronterizo.

El incremento de las actuaciones delictivas de grupos armados irregulares (GAI) deja un escenario desalentador, especialmente en el Zulia quien una vez más encabeza el listado de los más violentos, con la presencia de al menos 16 bandas criminales que continúan azotando la tranquilidad y violentando los DDHH de los pobladores, principalmente en los municipios La Cañada de Urdaneta, Miranda, Santa Rita y Maracaibo son los municipios que reflejan los más altos índices de criminalidad.

Los derrames petroleros y las fugas de gas en las costas y lagos venezolanos, es una más de las precariedades a las que se enfrentan quienes habitan esta entidad, y es por lo que el Observatorio de Ambiente de FundaRedes presentó dos incidencias ante organismos del Estado por los daños y consecuencias que acarrea la contaminación del ambiente, pero a la fecha ninguna ha obtenido respuesta.

Violencia… flagelo diario en el corredor fronterizo

La zona Sur de la entidad tachirense se vio arropada con un alto indicador de violencia, puesto que perdura el control de los pasos irregulares por parte de grupos delictivos que, permite el desarrollo de actividades ilícitas que usan como fuente de ingresos y como canal para el tráfico de numerosos productos, como combustibles, minerales, personas y drogas.

Bolívar se impuso como el tercer estado más violento, de acuerdo a las investigaciones de activistas y defensores de DDHH de la ONG FundaRedes, que coloca a esta entidad, donde se evidencia la grave deforestación y contaminación por la minería ilegal, afectando a los ríos Icabarú, Paragua y Caroní, aunada a la destrucción de 1.200 hectáreas de selva virgen que mantiene en riesgo de desaparición a diversas especies.

Bajo una supuesta publicidad de desarticulación de bandas y grupos delictivos, el Estado venezolano, a través de un supuesto operativo destruyó 14 artefactos explosivos y derrumbó algunas narcoavionetas, lo que deja en evidencia que desde hace algunos años Apure está bajo la actuación de grupos que se manejan bajo la permisividad y complacencia de algunas autoridades.

Durante el mes de julio en Falcón, las autoridades destruyeron, aunque sin precisar cantidad ni lugar, pistas de aterrizaje utilizadas para el narcotráfico, lo que por una parte confirma las denuncias realizadas por FundaRedes, en cuanto a la presencia de organizaciones dedicadas a traficar sustancias ilícitas, las cuales aprovechan la ubicación geográfica de la entidad costera para transportar por vía marítima o aérea, mercancías ilegales.

Engaños para captar personas, afectan a otras entidades

Entidades como Sucre, Anzoátegui, Guárico, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Mérida, confirman la indefensión en la que se encuentra la población venezolana, frente a la constante violación a sus derechos fundamentales. Esto se ve reflejado en la grave emergencia humanitaria compleja, facilitando que organizaciones criminales puedan engañar y captar posibles víctimas a sus filas.

Hechos como lo que sucede en el Arco Minero del Orinoco que, no es solo un territorio afectado por el ecocidio, sino que además es un escenario donde se cometen cruentos asesinatos y disputas por el control de los aproximadamente 2.000 focos mineros.

La proliferación de redes de trata y tráfico de personas, ha mutado en el estado Delta Amacuro, esto ante la desesperación y angustia que sus habitantes padecen por la profunda emergencia humanitaria compleja, que obliga a muchos a migrar bajo condiciones de tráfico marítimo, sobre todo por la conexión con las islas de Trinidad y Tobago.

La falta de compromiso, interés y defensa de los DDHH por parte del Estado venezolano, es lo que ha dejado en total indefensión a estos pobladores que, a su vez se han visto amenazados, así como vivencian la ejecución de detenciones arbitrarias, operaciones con las que pretenden silenciar a quienes esperan sean respetadas cada una de sus garantías, que están determinadas en la CRBV.

Prensa FundaRedes