FundaRedes registra que vulnerabilidad en población de frontera aumenta por inacción del Estado venezolano

 

En el Lago de Maracaibo, se detectó la presencia de “piratas” fuertemente armados quienes someten y secuestran a pescadores de la zona, además de robar sus pertenencias.

 

El Informe de Contexto Fronterizo desglosa el monitoreo realizado por FundaRedes en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Amazonas, Bolívar, Apure y Falcón, donde se vislumbró un importante incremento de hechos criminales durante el mes de marzo, lapso en el que 35 personas perdieron la vida en estos sectores, así como también se observó un panorama desalentador en los estados Delta Amacuro, Anzoátegui, Guárico, Mérida, Nueva Esparta y Sucre, debido a que los grupos armados irregulares utilizan la fuerza para someter a la población.

El informe también revela que, la organización Movimiento Vinotinto registró 49 casos de esclavitud moderna en 3 estados de Venezuela, con mayor prominencia en las zonas fronterizas con Colombia. Manuel Virgüez, coordinador de la organización, señaló que 28 de estos se detectaron en Táchira; 10 en Zulia y 11 en Lara.

Asimismo, en el estado Zulia un grupo de indígenas Yukpas proveniente de la Sierra de Perijá se enfrentó a funcionarios de la Guardia Nacional en la Autopista Regional del Centro, en el estado Carabobo, ante la negativa de dejarlos avanzar hacia Caracas para exigir al Estado venezolano mejoras en el sistema de salud y alimentación para sus habitantes.

Las investigaciones arrojaron también que en el estado Táchira se estima que 873 niños, niñas y adolescentes han llegado a este territorio para salir del país en lo que va de 2023, de los cuales 242 niños y niñas cruzaron la frontera solos, sin padres o representante legal, de acuerdo a la investigadora Rina Mazuera, situación que les expone al reclutamiento, trabajos forzosos, prostitución y trata de personas por parte de los GAI que tienen dominio en esta zona.

En el estado Bolívar se evidenciaron atropellos por parte de los funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado hacia la población civil, específicamente en el municipio Sifontes, donde ocurrieron actos de atropello contra mineros, a quienes se les impide ingresar a la mina “El Cacho” para realizar sus actividades laborales. Mientras que la situación empeoró en el sector El Paraíso, del mismo municipio, donde se registraron denuncias de saqueos a viviendas y robos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Dentro de este contexto resaltan los robos y la extorsión por parte de los cuerpos de seguridad y bandas delincuenciales a la población de Delta Amacuro, mientras que en Nueva Esparta se registraron presuntas incautaciones de droga por parte de funcionarios militares, acciones que atentaron contra la libertad de información, pues por segunda vez, corresponsales y periodistas fueron excluidos de la cobertura a una rueda de prensa oficial donde se abordarían estos hechos.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió los testimonios de familiares de presos políticos y personas beneficiarias de medidas cautelares que están privadas de libertad en Venezuela, donde resalta el caso de Javier Tarazona director de FundaRedes, quien mantiene una medida dictada por este organismo, evidenciando la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos.

Finalmente, el Informe de Contexto Fronterizo del mes de marzo de 2023, refleja un panorama poco alentador en cuanto a las vulneraciones de los derechos humanos en el país, pues la inacción de las autoridades para frenar la ola de violencia que se ha apoderado de los territorios fronterizos, perjudica considerablemente a la población civil que sufre las consecuencias de la criminalidad desbordada.

Prensa FundaRedes