«Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley». Pese a que esto establece el artículo 68 de la Constitución, los venezolanos que lo ponen en práctica se arriesgan a terminar tras las rejas, ser sometidos a procesos judiciales y ser estigmatizados por las autoridades.
Entre los últimos en sufrir la suerte antes descrita están Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero, dos campesinos andinos que entre el 18 y 20 de junio fueron aprehendidos luego de que difundieran videos en redes sociales en los que se les veía arrojando a los ríos parte de sus cosechas de tomate y zanahoria, en rechazo a la escasez de gasolina que les impidió transportarlas hasta los mercados.
«No tengo gasolina suficiente para trasladar este producto», relató otro productor en una grabación, mientras sostiene un racimo de cambur en su mano, al tiempo que otro hombre que está a su lado agarra más de estas frutas y las lanza fuera de donde la transportaban.
«Intenté conseguirla por otros medios, me calé cuatro días en moto para lograr traer gasolina y echarle a la (camioneta) Toyota, para bajar la mercancía, pero no fue posible. No fue posible surtir gasolina, así que esto se haga viral, que llegue a los oídos de los gobernadores, alcaldes y del presidente la situación que estamos viviendo los productores».
Contra el mensajero y no el mensaje
La reacción de las autoridades no se hizo esperar, y horas después de que los videos comenzaran a propagarse por las redes sociales, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, señaló a los productores de estar cometiendo «un delito». Acto seguido, anunció que su despacho inició una averiguación contra los campesinos, quienes, según él, estaban «procurando causar zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo».
Horas después se anunció la captura de dos de los protagonistas de los videos y el fiscal anunció que buscaría procesarlos por incurrir en el delito de boicot, previsto en la Ley Orgánica de Precios Justos, cuyo artículo 55 señala lo siguiente:
«Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años. Cuando dichas acciones u omisiones hubieren sido cometidas en detrimento del patrimonio público, los bienes serán además objeto de la confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución».
La actuación de Saab fue respaldada desde la Asamblea Nacional electa en 2020. «Están bien detenidos», dijo la diputada chavista Iris Varela, quien agregó:
«Uno se indigna cuando ve a alguien botar alimentos (…) Esto es una ofensa, una vil ofensa (…) Todo el que se preste para esa campañita debería abrírsele juicio, porque están boicoteando los alimentos de los venezolanos. Todo el que quiera generar zozobra debe ir detenido y se le debe abrir un juicio. Eso es lo que pedimos desde el PSUV».
Pero Varela no se quedó allí, y tras negar que hubiera problemas con el suministro de combustible, aseveró que a los aprehendidos «les compraron sus cosechas para filmar el video».
Con su postura, las autoridades judiciales y legislativas parecen intentar ignorar un hecho irrefutable: Venezuela, la primera reserva petrolera del mundo, no es capaz de suplir sus necesidades energéticas. En abril pasado, la producción petrolera del país durante el primer trimestre del año promedió 731.000 barriles por día (bpd), reveló un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en el mes de abril. Aunque el dato representa un aumento del 5% en comparación con los últimos meses del año pasado, hace solo una década la producción promedio del país rondaba los 2,5 millones bpd.
Pero no solo la extracción de crudo ha caído, sino también la refinación. Así, hoy el país apenas es capaz de transformar una fracción de la demanda diaria de gasolina. Esta situación explica las filas en las gasolineras que hay en todo el país, en particular en las regiones.
El desabastecimiento de combustible ha hecho que los habitantes de nueve estados, entre ellos Mérida y Trujillo, de donde son los campesinos detenidos, protagonizaran protestas en mayo, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Nunca debieron estar presos
Aunque Rodríguez Mambe y Barazarte fueron dejados en libertad plena por los jueces que conocieron sus casos, lo cual implica que los tribunales no consideraron que hubieran delinquido, lo cierto es que nunca debieron ser aprehendidos. ¿Por qué?
Una lectura del artículo 55 de la Ley Orgánica de Precios Justos deja en claro que la actuación de los campesinos no impidió «la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos». ¿Cómo se puede hablar de boicot si es imposible transportar la cosecha?
Los productores no solo ejercieron lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución, sino también en el artículo 112, que habla de la libertad económica. Además, siguieron el ejemplo de sus pares europeos, quienes arrojan sus cosechas como manera de protestar contra los bajos precios o la competencia desleal. Una revisión muy superficial por internet permitió hallar casos en España en 2011, 2017, 2020 e incluso este mismo año.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El caso de los campesinos andinos revela varias cosas: por un lado, que el ejercicio del derecho a la protesta en Venezuela sigue teniendo un costo elevado para los ciudadanos, por el otro, que la tolerancia de las autoridades ante las voces críticas sigue siendo tan baja como siempre. También muestra que no hay separación de poderes en Venezuela al pronunciarse al respecto una diputada de la AN y dar órdenes al Poder Judicial sobre qué hacer en este caso desde el partido de Gobierno al que ella pertenece.
Sin embargo, debe decirse que en este caso la justicia actuó bien y liberó a los campesinos que simplemente ejercían su derecho a la protesta frente a una situación que no es su responsabilidad, sino del Estado venezolano y, sin duda, los está afectando de manera muy grave.
Prensa Acceso a la Justicia
