Misión ONU de determinación de los hechos de Venezuela entregó informe

Los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificado a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela, en su último informe presentado este 20 de septiembre.

La Misión, que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023, concluyó que tenía motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo.

La Misión también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.

Si bien ha habido una disminución cuantitativa de las alegaciones registradas con respecto a períodos anteriores, la Misión ha continuado documentando numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos en contra de personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales.

“Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos.  Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”.

La crisis política y de derechos humanos en Venezuela experimentó algunos cambios a finales de 2020 e inicios de 2021, marcados por el cese de las protestas masivas convocadas por la oposición y de los actos de rebelión e insurgencia. En periodos previos, las tácticas de “mano dura” fueron utilizadas para silenciar las voces de la oposición a través de la comisión de crímenes, como fue documentado extensamente por la Misión.

No obstante, la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado, y el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos.
Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal.

“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, “duros” y “blandos”, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión.  “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”.

En un caso, un grupo de seis sindicalistas, fueron condenados el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año,
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión. “La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”.

Este panorama es especialmente alarmante en un país que se encamina a las elecciones presidenciales en 2024. Al menos una candidata y dos candidatos  a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, y se unen a la lista de otros reconocidos políticos que también fueron inhabilitados.

En 2020, la Misión identificó a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves de derechos humanos, cometidas en el marco de operaciones de seguridad para combatir la criminalidad.

En el mismo informe, la Misión documentó su participación de las FAES en detenciones arbitrarias de personas críticas al Gobierno – algunas de las cuales fueron objeto posteriormente de actos de tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

En su último informe oral al Consejo en marzo, la Misión señaló que había indicios de que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022.

La DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES. Además, de manera preocupante, la nueva Dirección cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.

“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”. Dijo Valiñas. “Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”.

La Misión lamenta la falta de cooperación del Gobierno venezolano y continuará trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los perpetradores.

Fuente: OHCHR

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