El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), se pronunció este lunes 29 de enero sobre las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia a propósito de los denominados Acuerdos de Barbados.

A continuación, reproducimos la declaración dada, bajo la vocería del dirigente comunista Yul Jabour:

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), electo en el XVI Congreso Nacional, realizado en noviembre de 2022, se pronuncia sobre los más recientes acontecimientos políticos nacionales e internacionales, entre ellos los vinculados a los denominados Acuerdos de Barbados:

El PCV ratifica su posición sobre el contenido de esos acuerdos, que expresan los intereses políticos, económicos y sociales de las diferentes fracciones de la burguesía que hoy se disputan el poder en nuestro país; intereses que son antagónicos a los del pueblo trabajador de la ciudad y el campo y que se imponen a través de los poderes e instituciones del Estado venezolano.

Los Acuerdos de Barbados son la continuidad de las negociaciones que en varios momentos (Santo Domingo, Ciudad de México, Bogotá, París) han realizado las distintas fracciones de la burguesía (la que está en el Gobierno y las oposiciones de derecha) a través de la aprobación de leyes y decretos que favorecen al capital nacional y trasnacional, como el decreto sobre el Arco Minero, la denominada “ley antibloqueo”, el llamado “programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad”, el Memorándum-circular 2792, la ley de Zonas Económicas Especiales, el instructivo Onapre, entre otros, que convierten al territorio venezolano en un nuevo enclave para la explotación del capital.

La política económica del Gobierno, que afecta gravemente a los trabajadores, ha llevado al congelamiento de salarios y pensiones desde marzo de 2022; la bonificación del 97% del ingreso de los trabajadores, que no tiene incidencia en vacaciones, aguinaldos, jubilaciones y prestaciones sociales; sin que estos problemas sean de interés para las partes de dichos acuerdos.

Ha sido tal el nivel de cinismo y desfachatez de altos funcionarios del Gobierno-PSUV que han salido a justificar públicamente la desaparición del salario, asegurando que es en beneficio de los trabajadores. Tal es el caso del ministro del Trabajo que afirma que un aumento salarial sería perjudicial para la familia trabajadora, porque históricamente los empresarios han incrementado los precios de los productos ante los aumentos salariales. Pero esto lo que deja en evidencia el carácter de clase de quienes gobiernan, que no les permite desarrollar una política integral en defensa del poder adquisitivo del pueblo trabajador.