Editorial de Tribuna popular órgano de difusión del PCV

El proceso para elegir al nuevo Presidente de la República (sólo hay hombres en la contienda) ha acelerado vertiginosamente la tendencia cada vez más autoritaria, abusiva y violatoria de los derechos sociales y políticos del pueblo venezolano; característica que ─más que un traje a la medida─ se ha convertido en una segunda piel del Gobierno de Nicolás Maduro y de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Lo que también ha sido fabricado ─ y burdamente─ a imagen de la élite gobernante es el calendario electoral. Si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en un vergonzoso bufete de abogados, presto para hacer trizas la Constitución y las leyes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), con Elvis Amoroso al frente ─el rostro de las inhabilitaciones políticas arbitrarias─, goza de una capacidad de maleabilidad que el más experimentado contorsionista envidiaría.

El Poder legislativo no se queda atrás y avanza en la confección de un marco de represión ─que va de selectiva a ampliada─ con la aprobación de leyes cuyo objetivo no es otro que neutralizar las luchas obreras y populares por la recuperación de los derechos conculcados. A la denominada ley «contra el odio», utilizada hasta ahora para criminalizar y judicializar a activistas políticos, sindicales y sociales, se suma el infame proyecto de ley «contra el fascismo» que, entre otras cosas, define al clasismo ─característica histórica del movimiento obrero y sindical autónomo de los intereses del capital y los patronos─ como un atributo del monstruo fascista.

A pesar de todo esto, hay quienes prefieren mirar a otro lado. No les gusta el traje del rey, pero se niegan a confesarlo. Temen «hacerle el juego» al enemigo. Mientras tanto, el emperador va del brazo del enemigo, ¿o qué son las reuniones «secretas» del Gobierno-PSUV con la administración de Joe Biden?

Cuando el rey pasa, dejando una estela de salarios liquidados, prestaciones pulverizadas y trabajadores presos, no falta quien grite en el cortejo «¡recuerden las sanciones!» y con esto pretenden acallar los justos reclamos del pueblo. Los que se niegan al silencio corren el riesgo de ser calificados de «terroristas», «traidores» o «apátridas». Entre tanto, la cúpula corrupta aprovecha las «sanciones» para cerrar oscuros contratos que llenan sus bolsillos y los del mentado enemigo.

En un escenario de estas características; sin una opción electoral que exprese los intereses del pueblo trabajador de la ciudad y del campo, qué se debe hacer. En primer lugar, hay que dejar de lado las ilusiones: un cambio de Gobierno no traerá consigo un política favorable a las aspiraciones de las mayorías excluidas. La recuperación de los derechos es un asunto de lucha; no de dádivas o de «buenas intenciones».

Sobre la cuestión de «por quién votar», la XVI Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela discutirá y definirá al respecto de ─manera orgánica y colectiva─ en su tercera fase; teniendo en cuenta el intercambio con las organizaciones aliadas del campo popular y revolucionario y, por supuesto, sabiendo que los promotores de llamados a intervención extranjera no son una opción.

En este momento, la tarea inmediata es derrotar las pretensiones del Gobierno-PSUV de instaurar una tiranía disfrazada de falsa democracia; abrir paso al pleno ejercicio de los derechos democráticos del pueblo e impulsar las luchas en mejores condiciones. Aunque los poderes públicos ─que dejaron de servir a la República─, hayan elaborado un formidable traje, lo cierto es que el rey va desnudo y el pueblo lo sabe: hay que votar para derrotar la política antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro.