La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela expresó su “profunda preocupación” por la violencia y denuncias de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial del domingo.

“Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión, en un comunicado difundido este miércoles 31 de julio.

Tappatá aseguró presenciar una “nueva ola de persecución” contra dirigentes opositores, tal como el caso de Freddy Superlano, quien fue detenido este martes, sus familiares aún desconocen su paradero y exigen una fe de vida, reseñó Tal Cual.

La Misión de la ONU denunció la “violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al gobierno en el marco de esas protestas” contra los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del lunes 29.

El grupo de expertos ha podido confirmar, hasta el momento, la muerte de seis personas y decenas de heridos, sin embargo, organizaciones independientes hablan de 13 fallecidos y más de 400 detenidos en dos días.

“Las operaciones de control del orden público tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y debe orientarse a la protección de la vida humana”, recordó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Francisco Cox, uno de los especialistas de la misión, afirmó que es deber de las autoridades “investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos por subalternos. Asimismo, deben prevenir su comisión”.

Cox agregó que “que toda detención debe ser conforme a los estándares internacionales sobre el debido proceso”.

Por su parte, Valiñas indicó que seguirán atentos a las “violaciones graves a los derechos humanos que ocurran en el contexto post electoral (…) Esto incluye analizar las fuerzas y los individuos responsables por dichas violaciones”.