Este miércoles por la mañana se llevó a cabo una jornada de recolección de alimentos y enseres para los adolescentes detenidos tras las protestas post electorales y al mismo tiempo se reclamó por su libertad plena. Se contó con la presencia activa de las madres de los ocho adolescentes presos en el Centro de Reclusión Ciudad Caracas, exigieron justicia e hicieron el llamado público a la acción solidaria.

Se van cumplir dos meses desde que muchos jóvenes, centralmente de los sectores populares fueron presos tras las protestas post electorales en el país. Y en todo este tiempo muchos familiares viven en la zozobra y la angustia de que los jóvenes sufran severas condenas bajo la acusación de instigación al odio y terrorismo. Es el caso de madres, padres, hermanos, abuelos de los menores de edad de entre 15 y 17 años, que están recluidos en el centro Ciudad Caracas, de El Cementerio.

Este miércoles 18 de septiembre se llevó a cabo la actividad de recolección de alimentos y enseres, así como la exigencia de la libertad inmediata, en la plaza Brión de Chacaíto, impulsada por las organizaciones y activistas integrantes de la Campaña “Basta de Represión – Libertad a los presos por protestar” en coordinación con las Madres por la Verdad –nombre con el que se han organizado las madres y familiares de los adolescentes detenidos–.

Theany Urbina, de 32 años, reclama por su hijo de 16 años, detenido el 2 de agosto, expone ante los medios durante la actividad en plaza Brion para recolectar insumos sanitarios y alimentos para sus hijos y exigir su liberación: “Estamos haciendo una recolecta porque no tenemos el dinero para llevar jabón y ese tipo de cosas, porque no podemos trabajar, la desesperación es grande, no tenemos tiempo de trabajar ya que tenemos que estar con nuestros hijos”. Todos los detenidos son de origen popular y humilde, por eso para sus familiares implica un gran sacrificio movilizarse al centro de detención de menores y llevarles comida, ropa y todas las exigencias que hacen desde el penal, como jabón, pasta dental, afeitadoras y otros enseres, medias blancas, camisas, y hasta desinfectantes, etc.

Las madres y familiares de los ocho menores de edad detenidos en el Centro de Reclusión Ciudad Caracas, han sido claras al señalar que en este corto tiempo han aprendido a exigir la libertad de sus hijos, hacerlo público, porque ya no pueden callar, así como también a pedir la solidaridad que necesitan, plenamente seguras que sus muchachos no cometieron los delitos de los que los acusan. “Somos personas trabajadoras que no contamos con recursos. Queremos hacer un llamado a la ayuda porque ser pobre no es un delito”, declaran.

Es que a los familiares no les dan respuesta en la Fiscalía, en los Tribunales, los defensores públicos asignados tampoco –no se les permite asignar abogados de confianza–, están cansados de esta situación en todo este tiempo sin saber nada, donde lo único que les dicen es que hay que esperar. “No tenemos respuestas de la Fiscalía no tenemos respuesta desde tribunales. No son terrorista, ninguno de los chamos que están acá son terroristas, no son delincuentes, no han tocado nunca un arma de fuego y queremos justicia”, declara con indignación Dionexis García, hermana de Diomer Gómez, de 17 años y privado de libertad el 2 de agosto en la comunidad de Cacique Tiuna. Por eso Marelis Ruiz, tía de Ángel Ramírez de 16 años, lo dijo tajantemente: “Nosotras al principio callamos para ver qué pasaba porque temíamos por nuestros hijos, pero ya no. Ya ha pasado tiempo y nada y, por eso, estamos exigiendo su libertad porque son inocentes”.

Los familiares de los adolescentes detenidos denunciaron que los menores sufrieron torturas en los centros de detención que estuvieron antes de ser trasladados al Centro de Reclusión Ciudad Caracas. “Mi hermano fue víctima de tortura en ‘Zona 7’ (como se conoce a unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana ubicados en el este de Caracas) le colocaron una capucha, electricidad, con la intención de obligarlo a grabar un vídeo donde el dice que le pagaron 50 dólares por salir a manifestar”, denuncia Dionexis García.

Ninguno de los ocho adolescentes detenidos tiene antecedentes penales y sus detenciones se dieron en procesos arbitrarios y sin órdenes de aprehensión, cuando se encontraban en sus comunidades con amigos o en sus propios hogares. Y cualquiera sabe todo lo que han tenido que vivir y sufrir los niños y jóvenes de las familias pobres del país en la última década. Muchos de los jóvenes detenidos siquiera estaban en las protestas, pero, aun así, que un joven del barrio haya salido a la calle a manifestar su descontento no debe ser motivo de criminalización.

Suhey Ochoa, integrante de Pan y Rosas y de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), durante la jornada de recolección de alimentos y enseres llamó a la solidaridad activa con las madres y familiares de los adolescentes presos tras elecciones y a unir todas las fuerzas para conseguir su libertad plena. Declaró que «el Estado impone esta política de terror para que nadie salga a protestar, para callar nuestras voces y eso no lo podemos permitir, por eso es necesario unirnos para defender nuestros derechos y que no haya un solo joven en la cárcel por el solo hecho de vivir en una zona popular, por ser pobre, por reclamar».

Desde la campaña “¡Basta de represión! ¡Libertad a los presos por protestar!”, llevada adelante por diversas organizaciones de izquierda y de defensa de los derechos de las y los trabajadores criminalizados, se preparan nuevas actividades para la semana entrante. Los menores detenidos en el centro de reclusión Ciudad Caracas corren el riesgo de condenas de 10 años a 15 años de cárcel, solo por vivir en una zona popular. Junto a sus madres decimos: «Nuestros hijos no son terroristas». Exijamos su libertad inmediata.