En el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, presentado ante el consejo general en Ginebra, Suiza, el pasado 20 de septiembre, se denunció que en la mayoría de los casos, las aprehensiones se llevaron a cabo sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia, y/o sin informar del motivo de la detención.

Cuando se disponía sellar su pasaporte y trasladarse a la capital de Colombia, Bogotá, el vicepresidente de Organización de Primero Justicia (PJ) en Zulia y jefe del Despacho de la Alcaldía de Maracaibo, Pedro Guanipa, fue arrestado sin motivos legales. Así lo denunció su hermano Tomás Guanipa a través de la red social X (Twitter). Su nombre se sumó a una lista de decenas de actores políticos detenidos.

Caroll Figueredo, esposa de la víctima, manifestó el desconocimiento de su paradero.

La aprehensión de Pedro Guanipa ha sido interpretada por diversos dirigentes políticos como una nueva amenaza y un chantaje para que su hermano, Juan Pablo Guanipa -uno de los más cercanos colaboradores de la líder de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado- se entregue a las autoridades.

Un mes antes, el 28 de agosto, tras finalizar la manifestación Acta mata sentencia que convocó Machado, su comando de campaña denunció a través de X la persecución de Juan Pablo Guanipa, quien también es dirigente PJ y hermano de Pedro, y Biagio Pilieri, coordinador de Convergencia, por un grupo de hombres no identificados.

Pilieri fue capturado junto a su hijo y llevado a El Helicoide. Guanipa logró escapar, pero su hermano Pedro ahora se suma a los 11 encarcelados de la tolda aurinegra contabilizados hasta la fecha.

Dos meses han transcurrido desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer periodo de seis años, y desde que iniciaron las protestas nacionales el 29 de julio por el anuncio. Los cuerpos de seguridad del Estado han encarcelado a un total de 1.867 venezolanos, identificados y confirmados por la organización Foro Penal hasta el 23 de septiembre, por protestar, emitir opiniones contrarias a los ideales del gobierno o simplemente estar en la calle aunque no estuvieran manifestando.

De este total, 1.637 son hombres, 230 mujeres, 68 adolescentes -entre los 14 y 17 años de edad-, y 159 son militares. 151 fueron condenados. “Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI”, reveló la ONG en X.

De acuerdo a la organización, casi mil personas se encuentran en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón.

A la extensa lista de apresados -en su mayoría jóvenes- se anexan 64 actores políticos, 18 periodistas y cinco activistas por los derechos humanos, que fueron interceptados en la calle, en las autopistas o sacados de sus hogares sin orden allanamiento ni motivos explícitos.

Perseguidos y detenidos por opinar

Para el final de agosto, hubo 59 arrestos de actores políticos en todo el país. A la víspera del segundo mes tras las elecciones, se suman cinco arrestos más, contando el de Pedro Guanipa.

El 4 de septiembre fueron detenidos en diferentes estados Jesús Superlano, dirigente del partido de izquierda Patria Para Todos (PPT), y Nizar Askul, de Voluntad Popular. El primero fue capturado en la ciudad de Barquisimeto, Lara. El segundo fue interceptado en un parque del estado Barinas cuando paseaba con su hija de dos años. Presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otra persona sin identificar se lo llevaron. Fue liberado a las 6 pm del mismo día.

El 12 de septiembre, el coordinador del partido Prociudadanos, Leocenis García, fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), presuntamente tras colgar un video en sus redes sociales donde manifestó el “ultraje” a la Constitución venezolana y la “vulneración” del artículo 5 que dicta: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (…) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Su familia aseguró que lo habrían acusado de “terrorismo” por esto. El coordinador fue trasladado a la cárcel de El Rodeo I, según una publicación de la abogada Tamara Suju en X. García quiso aspirar a la presidencia el pasado 28 de julio, pero el CNE ilegalizó el partido que encabeza.

También se contabilizó el arresto de Héctor Alonso Esqueda, coordinador Regional en Cojedes del partido político Generación Independiente (Gente), ocurrido el 4 de agosto, que no había sido sumado a este registro.

Cuerpos de seguridad continúan hostigando a medios de comunicación, periodistas y activistas por los derechos humanos por ser contrarios a la orientación política y las acciones del Estado. Para finales de agosto, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) tenía registrada la detención de 17 periodistas, de los cuales siete ya fueron liberados. Pero un caso se suma a esta lista: el de Virmalia García. Fue aprehendida días después del arresto del comunicador Víctor Ugas, capturado en su residencia por efectivos de seguridad después de tener una confrontación verbal y física en la zona de fumadores de un local con el tiktoker oficialista, Emmanuel Marcano.

Ugas fue presentado ante tribunales e imputado por presuntos delitos de incitación al odio y agavillamiento, y posteriormente trasladado a Tocorón. García acompañaba a Ugas en el momento del altercado y de acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) fue detenida el 20 de agosto en la urbanización San Bernardino, Distrito Capital, por dos presuntos funcionarios encapuchados.

El CNP informó para este reportaje que García se encontraría en la estación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Valle.

El reporte de la ARI el arresto de cinco activistas -con dos liberaciones- en todo el país. Este último registro se mantuvo sin novedades en el último mes.

Detenidos y torturados

Entre los actores políticos, diez se encuentran recluidos en El Helicoide, tres en Tocorón, uno en el Centro Penal de Tocuyito, otros estarían repartidos en sedes locales del Sebin y comisarías, mientras que se desconoce el paradero exacto del resto de recluidos.

Diez políticos fueron imputados por presuntos delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir y/o terrorismo, y 11 del grupo fueron liberados.

En el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentado ante el Consejo General de la misma en Ginebra, Suiza, el pasado 20 de septiembre, se denunció que en la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia, y/o sin informar del motivo de la detención.

El documento observó la práctica de negar el derecho a la defensa privada de los arrestados y les impuso la defensa pública. Los detenidos fueron puestos a disposición de los jueces mucho después del plazo de 48 horas fijado por el marco legal. Además no se les permitió contactar a sus familiares.

En el documento detalló las torturas aplicadas a los apresados por motivos políticos, como golpes con puños y planchas de madera o bates envueltos en espuma, descargas eléctricas -incluyendo en los genitales-, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría, y privación de sueño con iluminación constante y música a alto volumen.

También se comentaron las condiciones de reclusión en celdas pequeñas, de cuatro metros cuadrados, e insalubres. “Ejemplos incluyen la prisión de máxima seguridad El Rodeo I y la prisión Yare III, donde los reclusos enfrentan aislamiento, falta de acceso a alimentos y agua adecuados, y restricciones arbitrarias de visitas”​, señala el documento.

Fuente: Aporrea.org