Con casi un centenar de personas, este jueves se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo constitucional y la revisión de las medidas cautelares a jóvenes que se les imputan varios delitos entre ellos, terrorismo e incitación al odio. Desde la Campaña Basta de Represión – Libertad para los presos por protestar, se llamó a intensificar esfuerzos para conseguir la libertad plena de los muchachos.

Una vez más se salió a exigir por la libertad de los jóvenes y adolescentes presos tras las protestas poselectorales. «¡Ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!» cantaban las madres, familiares, activistas e integrantes de las organizaciones de la campaña Basta de Represión – Libertad para los presos por protestar», durante la consignación de un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para los jóvenes y adolescentes a quienes se les acusa de terrorismo e incitación al odio.

Las madres y familiares vestían camisas blancas con las imágenes de cada uno de los jóvenes presos, en su gran mayoría de las zonas populares, donde muchos ni siquiera estaban protestando, pero aún así fueron detenidos por el simple hecho de vivir en un barrio o ser pobre, con acusaciones que pueden tener penas de 10, 15 o 30 años, como si fueran criminales.

La acción fue organizada desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y las organizaciones que hacen parte de la Campaña Basta de Represión – Libertad para los presos por Protestar, como parte de la serie de concentraciones, plantones y piquetes que se vienen realizando exigiendo la libertad inmediata para todos los jóvenes y adolescentes detenidos arbitrariamente.

Casi 40 familias presentes, en una acción nutrida donde además de las propias madres y familiares se concentraron activistas, organismos de derechos humanos, organizaciones de izquierda, sindicales, comunitarias, para dar fuerza durante la consignación ante el TSJ del recurso de amparo constitucional, un documento donde además se exponen las irregularidades que se presentaron durante las detenciones, entre las que destacan que no hubo órdenes de aprehensión ni de allanamiento a sus viviendas.

Casi todos los familiares hicieron denuncias sobre la situación de detención de los jóvenes. Así Marelis Ruiz, familiar de Miguel Urbina, de 16 años, que está detenido en un centro para adolescentes en el Centro de Reclusión Ciudad Caracas, en El Cementerio, denuncia nuevamente que a los presos “No les está siendo permitida la defensa, solamente por defensores públicos. No tenemos una defensa de confianza que sepamos que se está moviendo por los muchachos. En Defensoría sólo nos dicen que esperemos, que es un proceso largo y que tengamos fe”.

Por su parte Wendy Liendo, madre de Víctor Uzcátegui, detenido en La Guaira, también denunciaba que «En Tocuyito [centro de reclusión] hay muchachos que están en depresión, que están desnutridos. Hay muchachos con problemas de salud grave, han intentado suicidarse varios. Entramos el martes a la visita después de 60 días de no ver a nuestros familiares. De verdad lo que exigimos es la libertad, que se les respeten sus derechos humanos. No nos dejan pasar paquetería, no hacen deporte, no les pasan ni siquiera para ellos hacer ejercicio dentro de una celda».

Así, los demás familiares también denuncian que «las condiciones de reclusión en que se encuentran los detenidos son inhumanas y constituyen una clara violación de derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en las leyes penales, mediante conductas ilegales, tratos crueles e inhumanos», que son ejecutados «por parte de funcionarios públicos responsables de la custodia de los privados de libertad para que se declaren culpables y admitan los delitos que se les imputan bajo coacción».

Luego de la consignación del recurso de amparo constitucional, algunas de las madres y familiares hicieron declaraciones sobre el documento presentado, exponiendo que «aquí venimos a exigir el derecho de libertad, en este documento que acabamos de entregar exponemos el derecha a la libertad de defensa, al debido proceso judicial, la violación de los artículos 25 y 26 de la Constitución, amparo sobre los derechos y las garantías constitucionales». Además recalcan que «este fuero lo que busca es la nulidad de todos los delitos que están inculpando a nuestros familiares mayores de edad, menores de edad que se encuentran detenidos en casi 65 días detenidos y aún no tenemos respuesta alguna», entre otras denuncias y demandas.

Desde la Campaña Basta de Represión – Libertad para los presos por protestar se hace un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sindicales, comunitarias y políticas que defiendan los derechos democráticos a sumar esfuerzos por la causa de la libertad de las y los presos por protestar y/o vivir en una zona popular. ¡Protestar no es un delito, ser pobre tampoco!

Fuente: aporrea.org