Grupos armados irregulares controlan, mediante la violencia y el terror, el paso ilegal de mercancías, combustibles y personas en los 44 pueblos indígenas que comparten la línea fronteriza con Colombia y Brasil en los estados Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui.

“En estas comunidades en condiciones de vulnerabilidad la violencia no sólo proviene de los grupos armados irregulares como las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, los denominados “sindicatos” del oro o incluso células de Hezbolá, sino también de los cuerpos de seguridad del Estado que deberían garantizar la seguridad de todos los venezolanos”, afirma FundaRedes en su último boletín titulado «Grupos armados irregulares violan los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela».

El recrudecimiento de la violencia en los espacios de frontera en los últimos años- asegura la ONG – ha generado una vulnerabilidad aún mayor en la ya frágil supervivencia social y cultural de las comunidades indígenas venezolanas, afectadas ahora por la actuación de organizaciones armadas con alto poder de fuego que reclutan o someten a sus integrantes.

El estudio cuestiona  que, a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) reconoce en su Título III, Capítulo VIII los derechos de los pueblos indígenas y que el Estado venezolano suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de  los  Pueblos  Indígenas  del  año 2007, “esta población es reiteradamente víctima de violaciones a sus derechos tanto por el propio Estado que desatiende sus profundas necesidades y permite la acción violenta de funcionarios de organismos de seguridad, como por los grupos armados irregulares que progresivamente han ocupado territorios de los pueblos indígenas con graves implicaciones”

Destaca que el contexto de violencia, muerte y desolación a la que están sometidos los pueblos indígenas en el país es tan alarmante, que el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los DDHH en Venezuela, presentado en 2019, ubica a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela entre los grupos de riesgo.

En este sentido, FundaRedes presentó el 29 de mayo de 2020 un informe ante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela designada por las Naciones Unidas, en el que denunció que el ELN ha desplegado agresivas acciones con movilización de tropas y ocupación de territorios que han obligado al desplazamiento de otros grupos, y ha sumado a sus filas a integrantes de etnias indígenas como los Yaruro y los Cuibas en el estado Apure, así como también que  los grupos armados irregulares reclutan a indígenas en los municipios Cedeño, Sucre y Sifontes del estado Bolívar.

“La ocupación de estos espacios donde conviven las comunidades indígenas por parte de agrupaciones armadas y su proceso correlativo de dominación afecta el derecho de las comunidades indígenas a su organización social, política y económica, además incide en el desarrollo y preservación de sus culturas, usos y costumbres, altera su hábitat y el ejercicio de los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, impidiéndoles la preservación y el aprovechamiento de sus recursos naturales necesarios para garantizar sus formas de vida como   lo establece el artículo 119 de la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, enfatiza la investigación.

La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela –alega- agravada por la pandemia del COVID-19, complica aún más las condiciones de las comunidades indígenas, marcadas por la constante violación a sus derechos fundamentales.

“La  presencia  de  estos grupos con alto poder armamentístico en sus territorios dificulta la atención que pudiesen brindarle organismos internacionales y organizaciones nacionales, regionales o locales en materia de salud y alimentación, pues la movilización por estas zonas requiere permisos especiales otorgados por las organizaciones armadas”.

Por otra parte sostiene FundaRedes que la inacción del Estado venezolano en la defensa del territorio y la soberanía, y la falta de respuesta a las denuncias presentadas en diversas instancias, como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, ha permitido que las agrupaciones armadas irregulares operen en territorios indígenas.

“Aunado además, a las denuncias recibidas por el equipo de activistas y defensores en relación a las acciones de hostigamiento y violencia cometidas por parte de funcionarios de organismos de seguridad, que conllevan al desplazamiento de comunidades completas de sus espacios naturales, lo que constituye una flagrante violación a los derechos de los pueblos indígenas y el incumplimiento del mandato constitucional, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de tratados y convenios internacionales”.

SM 7.996 / Prensa FundaRedes