Nicolás Maduro firmó un decreto de emergencia económica, la medida se fundamenta en las «circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la vida económica del país, de la región y del mundo», haciendo mención a la guerra comercial global y las sanciones económicas impuestas contra la nación.

El decreto otorga al ejecutivo nacional amplias facultades para adoptar «medidas urgentes y excepcionales» con el objetivo de «preservar el equilibrio económico de la nación y garantizar a la población el disfrute pleno de sus derechos humanos, el acceso a bienes y servicios esenciales y la cohesión y protección de los sectores productivos»

Un amplio abanico de poder para el gobierno:

El decreto tendrá una duración de 60 días, con la posibilidad de una prórroga de un período igual. Entre las medidas más significativas se encuentran:

Regulaciones excepcionales: La potestad de dictar regulaciones transitorias para restablecer los desequilibrios económicos.

Suspensión de tributos: Se faculta la suspensión del cobro de impuestos a nivel nacional, estatal y municipal.

Manejo centralizado de la recaudación: La concentración en el Tesoro Nacional de la recaudación de tasas y contribuciones especiales, así como la reorientación de fondos de entes públicos.

Suspensión de leyes incompatibles: Se suspenden temporalmente los artículos de las leyes vigentes que sean incompatibles con las medidas dictadas por dicho decreto.

Se autorizan las erogaciones: Se autorizan las erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento no previstas en el Presupuesto Anual.

Suspensión de la reserva legal: Se suspende la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria.

Otras medidas: Se faculta para dictar otras medidas de orden social, económico o político que considere convenientes.

Este decreto de emergencia económica podría acentuar los problemas existentes en la economía nacional. Ya que otorga amplias facultades al ejecutivo, incluyendo la suspensión de tributos y leyes, y el manejo centralizado de la recaudación, lo que abre la puerta a una mayor libertad en el uso de los recursos públicos.

Por lo cual, en lugar de aliviar la crisis, estas medidas podrían profundizarla al no abordar las causas estructurales de la situación económica.