FundaRedes: “Mafias y grupos irregulares controlan redes de trata y tráfico de personas en Venezuela”

Delta Amacuro, Falcón y Sucre se han convertido para los migrantes venezolanos en una alternativa para huir, por vía marítima, de la emergencia humanitaria compleja que aqueja al país, situación que ha sido aprovechada por mafias y bandas criminales para captar bien sea bajo engaño o intimidación a gran cantidad de personas para ofrecerlas a redes de tráfico de personas.

La más reciente investigación de FundaRedes titulada: «Estado venezolano incumple su deber de impedir operatividad de redes de trata de personas en la frontera», señala que esta travesía tiene como destino final Trinidad y Tobago, donde muchos de los viajeros son detenidos, deportados e incluso asesinados o han muerto o desaparecido debido a las extremas circunstancias en altamar.

«El “sueño trinitario” termina la mayoría de las veces en pesadilla, bien sea durante el recorrido o cuando los migrantes llegan a destino y son sometidos por las redes de tráfico».

El estado Delta Amacuro – revela el informe- ha registrado en los últimos años un incremento en las denuncias de trata de personas, ya que por su ubicación geográfica constituye por excelencia la autopista para facilitar este tipo delitos por parte de bandas organizadas bajo el tutelaje y la complicidad de funcionarios del Estado.

De acuerdo a un testimonio citado por la organización defensora de derechos humanos, “en Delta hasta los oficiales se prestan para favorecer el tráfico de menores de edad, después de abusar de ellas las envían a trabajar a Trinidad donde son explotadas por mafias de delincuentes. Las despojan de su documentación y se ven obligadas a servir de carnada para un gran comercio humano”.

Por su parte, Orlando Moreno, integrante de la ONG Foro Penal, y quien también fue consultado por FundaRedes, aseguró que estas acciones ilícitas involucran al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policía regional y Guardia Nacional Bolivariana que trasladan a las víctimas en sus vehículos para que pasen sin problema hasta los campamentos y los puntos desde donde salen las embarcaciones.

“Se ha conocido que los montos de los traslados por las vías alternas rondan entre los 300 y 400 dólares”, dijo.

La participación de los organismos del Estado venezolano en este delito- asevera la ONG- constituye una violación de derechos humanos por acción e incluso por omisión al no aplicar medidas que impidan que estos hechos sigan ocurriendo, así como detener y castigar a los responsables.

Asimismo, FundaRedes identificó en su estudio la participación no solo de las bandas de delincuencia organizada en la trata de personas, sino también de grupos armados irregulares, “el sindicato de Barrancas, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Los Pata de Gomas son tres de las principales organizaciones que operan en el Delta venezolano”.

El Sindicato de Barrancas- explica – opera en los sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana en la mina «el Terror». Los Pata de Gomas actúan en sectores de los municipios Tucupita, Antonio Díaz y en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas; y las FARC controlan Pisco, en la mina Valledupar.

Un Estado ausente e indiferente

Para la organización defensora de derechos humanos, el Estado venezolano ha mostrado una gran indiferencia ante el tráfico de personas que a diario suceden en los estados costeros o con salida al mar, así como en las entidades fronterizas, pues a pesar de las denuncias realizadas ante las diferentes instancias la respuesta ha sido prácticamente nula.

La responsabilidad inicial es del Estado venezolano – argumenta FundaRedes – ya que es en territorio nacional donde ocurren las captaciones o reclutamientos de las víctimas, pues las instituciones están en la obligación constitucional, humanitaria y en correspondencia con los estándares internacionales de impedir que estos crímenes sucedan.  S.M CNP.7.996 (FundaRedes)

TEXTO BOLETÍN # 43

 

«ESTADO VENEZOLANO INCUMPLE SU DEBER DE IMPEDIR OPERATIVIDAD DE REDES DE TRATA DE PERSONAS EN LA FRONTERA»

La migración forzada de venezolanos ha conllevado no solo la fragmentación de familias y la vulneración de derechos para los millones de personas obligadas a abandonar el país huyendo de la Emergencia Humanitaria Compleja.  La movilización masiva de personas ha sido aprovechada por grupos organizados y bandas criminales para cometer todo tipo de delitos, entre ellos la captación de migrantes, bien sea bajo engaño o intimidación, para ofrecerlos a redes de tráfico de personas.

Venezuela posee una amplia frontera que por el mar Caribe colinda con más de una decena de países, de allí que las mafias de trata de personas han visto una oportunidad para operar en el oriente del país, específicamente en las aguas que unen a Venezuela con Trinidad y Tobago. Las rutas fluviales se han constituido en vías de escape para los migrantes ilegales que buscan mejores condiciones de vida en las islas del Caribe, Estados Unidos y Europa.

Naciones Unidas se refiere al delito de trata de personas como la acción de “captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción”. La trata y tráfico de personas son actividades criminales que generan millonarias ganancias a las mafias. Cifras de la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el
Delito (UNODC) determinan que estas agrupaciones obtienen aproximadamente 150.000 millones de dólares anuales producto de la comercialización de niños, niñas,  adolescentes, hombres y mujeres que una vez entregados son sometidos a diversas formas de esclavitud moderna: trabajo forzoso, mendicidad ajena, matrimonio servil o servidumbre; así como esclavitud sexual y extracción ilegal de órganos. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo actual, después del tráfico de drogas y de armas, de acuerdo con los datos de UNODC.

Trinidad y Tobago, se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos de mayor tragedia para los venezolanos, pues estas mafias, que muchas veces actúan en alianza o complicidad con funcionarios administrativos, policiales y/o militares, hacen el trasbordo de las víctimas en plena altamar sin medidas de seguridad para evitar ahogamientos o naufragios.

Delta Amacuro, Sucre y Falcón son los estados desde donde los migrantes venezolanos zarpan hacia Trinidad y Tobago, pero la travesía no siempre sale cómo lo esperan. Algunos son detenidos, deportados, incluso asesinados o han muerto o desaparecido debido a las extremas circunstancias en altamar. El “sueño trinitario” termina la mayoría de las veces en pesadilla, bien sea durante el recorrido o cuando los migrantes llegan a destino y son sometidos por las redes de tráfico.

Un reporte de la Embajada de Estados Unidos indica que “las mafias de tratantes de personas explotan cada vez más a hombres venezolanos para trabajos forzosos en otros países, incluidas las islas caribeñas holandesas. Los grupos armados ilegales disidentes de Colombia, especialmente los que se encuentran cerca de las zonas fronterizas, también sometieron a ciudadanos venezolanos a criminalidad y reclutamiento forzoso”.

FundaRedes mantiene una constante documentación y seguimiento al fenómeno de la migración forzada y sus implicaciones a través del equipo de activistas en las regiones que obtiene de primera mano denuncias de familiares y víctimas, así como relatos de testigos que permiten conocer la realidad de este crimen contra nuestros migrantes. En medio de esta labor recibimos el testimonio de un habitante del estado de Delta Amacuro, uno de los más aprovechados por estas mafias:

“Referente al tráfico de personas y al narcotráfico, el Delta es por excelencia la autopista para facilitar todas estas actividades ilícitas de bandas organizadas que actúan a plena luz del día bajo el tutelaje de funcionarios del Estado que son los mejores facilitadores de esta actividad. En Delta hasta los oficiales se prestan para favorecer el tráfico de menores de edad, después de abusar de ellas las envían a trabajar a Trinidad donde son explotadas por mafias de delincuentes. Las despojan de su documentación y se ven obligadas a servir de carnada para un gran comercio humano. Hay actitudes complacientes de funcionarios que cobran 20 dólares por cada una de ellas que transportan en lanchas con motores fuera de borda que no garantizan un mínimo de seguridad en altamar”.

El testigo afirma que estas situaciones ocurren a diario, de día y de noche, e involucran a los órganos de seguridad: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policía regional y Guardia Nacional Bolivariana que trasladan a las víctimas en sus vehículos para que pasen sin problema hasta los campamentos y los puntos desde donde salen las embarcaciones.

Por su parte, Orlando Moreno, miembro de Foro Penal en la zona explica: “Hay distintos sitios donde captan a las niñas y mujeres adultas, cuyas edades oscilan entre los 12 y 30 años. Entre esos están la plaza Bolívar y el Parque Central de Tucupita, capital de Delta Amacuro, de allí salen a los campamentos, que son los lugares donde las resguardan momentáneamente, son la comunidad de Palo Blanco, Volcán y La Horqueta. Por Barrancas del Orinoco también, pero esa salida es un poco más larga. A ellas las llevan a una casa tipo hotel clandestino y las encierran allí hasta que cuadran el día de la embarcación; hay un campamento en frontera con Trinidad y Tobago en la Barra de Cocuina, municipio Pedernales, la banda que tiene eso tomado actualmente es el Sindicato de Barrancas”.

Se ha conocido que los montos de los traslados por las vías alternas rondan entre los 300 y 400 dólares. “No se van en los botes normales o legales, porque tendrían que dar su pasaporte. Cuando llegan a la Barra de Cocuina, frontera de Trinidad y Tobago con Tucupita, hacen como un evalúo de si la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no se encuentra en la zona. Ellos tienen gente de aquel lado de Trinidad y Tobago,
muchos incluso son parte de las fuerzas de seguridad de allá”, añade el activista.

La participación de los organismos del Estado venezolano en este delito constituye una violación de derechos humanos por acción e incluso por omisión al no aplicar medidas que impidan que estos hechos sigan ocurriendo, así como detener y castigar a los responsables. Aunque se han dado algunas aprehensiones de funcionarios, en general ha prevalecido la impunidad que deja en mayor indefensión a las víctimas y abona el camino para que estas actividades delictivas continúen desarrollándose.

El artículo 54 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé: “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”.  Asimismo, el artículo 15, numeral 19, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala: “Se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres las siguientes: trata de mujeres, niñas y adolescentes: es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

El artículo 56 de la misma ley establece el tipo penal de trata de mujeres, niñas y adolescentes, de la siguiente manera: “Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captación, transporte, acogida o recepción de mujeres, niñas o adolescentes mediante violencias, amenazas, engaño, rapto, coacción u otro medio fraudulento, con fines de explotación sexual, prostitución, trabajos forzados, esclavitud, adopción irregular o extracción de órganos será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años”.

Por ende, las instituciones del Estado están en la obligación de hacer cumplir las normativas legales nacionales que tipifican este delito, pero han fallado.

“Estos señores del CICPC, de la policía del estado Delta Amacuro, de la Guardia Nacional, del DGCIM, lo que hacen es un parapeto de lo que supuestamente logran. Solamente se quitan de encima algunas iniciativas que hacen otras mafias. Yo estuve detenido en Tucupita por grabar un video sobre estos hechos y pasé tres días detenido, me torturaron. De ahí me pasaron a la cárcel común Retén de Guasina, ahí estuve un día, pero hablé con todo el mundo. Hay muchísima gente que estaba presa por trata de personas y son inocentes”, afirmó a FundaRedes Orlando Moreno, activista de derechos humanos que forma parte del equipo de la ONG Foro Penal, quien fue noticia en abril de 2021 al ser detenido por hacer una grabación de una embarcación en la que iban a ser trasladadas víctimas de tráfico humano y publicarla a través de las redes sociales.

Aun cuando gracias a este tipo de denuncias se han conocido algunos casos, muchos otros se desconocen y por lo tanto no existen investigaciones debido a las amenazas de las mafias a familiares y víctimas para que no se reporten estos hechos.

Desde el Caribe los traficantes enlazan con otras redes internacionales que operan en América del Norte y Europa. De acuerdo con reportes de prensa, el Ministerio del Interior español comunicó a mediados de 2019 que se había identificado 391 venezolanos víctimas de trata de personas y que ese año Venezuela fue el país de donde provinieron más víctimas de explotación en ese país. Organizaciones no gubernamentales denunciaron que la trata de personas con fines sexuales y de trabajo forzoso y sexual aumentó en ese país en 2019. Más recientemente, en marzo de 2023, las autoridades de ese país liberaron a mujeres venezolanas menores de 25 años de edad que fueron engañadas para llegar a ese destino. En 2022, rescataron en Perú a 589 venezolanas víctimas de tráfico humano.

 

EL NUEVO NEGOCIO DE LOS GRUPOS ARMADOS

 

Además de las bandas de delincuencia organizada dedicadas a la trata de personas, las labores de investigación de FundaRedes han permitido identificar que grupos armados irregulares también incursionaron en este crimen. El sindicato de Barrancas, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Los Pata de Gomas son tres de las principales organizaciones que operan en el Delta venezolano.

El Sindicato de Barrancas opera en los sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana en la mina «el Terror». Los Pata de Gomas actúan en sectores de los municipios Tucupita, Antonio Díaz y en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas; y las FARC controlan Pisco, en la mina Valledupar. Su forma operativa comienza con el reclutamiento, seduciendo con dinero rápido y teléfonos celulares a jóvenes y niños; también ofrecen incentivos económicos a las familias, al tiempo que los coaccionan para que no revelen los hechos.

El Sindicato de Barrancas lo integran más de 300 hombres armados que pretenden defender su dominio sobre el río Orinoco a fuego cruzado. Se trata de un ejército que se extiende por cinco municipios venezolanos: tres del sur del estado Monagas y dos de Delta Amacuro. Sus inicios se remontan a hace por lo menos 15 años. Se dedican también al tráfico de drogas, entre otros delitos.

Orlando Moreno, miembro de la ONG Foro Penal, afirma desde el Delta: “De los grupos irregulares más sonados, el Sindicato de Barrancas es el más operativo en la criminalidad, controla incluso actividades agrónomas en connivencia con organizaciones criminales que se autodefinen como guerrilla”.

LA TRATA DE PERSONAS Y DERECHOS HUMANOS

 

El derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre ni trabajo forzoso, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, Inhumanos o degradantes, el derecho a no sufrir violencia de género y el derecho a la salud física y mental son solo algunos de los derechos fundamentales vulnerados a las víctimas de trata de personas.

La responsabilidad inicial es del Estado venezolano ya que es en territorio nacional donde ocurren las captaciones o reclutamientos de las víctimas, pues las instituciones están en la obligación constitucional, humanitaria y en correspondencia con los estándares internacionales de impedir que estos crímenes sucedan. La realidad ha demostrado que no es suficiente contar con un vasto ordenamiento legal que tipifique el delito y prevea sanciones a los perpetradores (Constitución nacional, Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada) si las autoridades responsables de aplicarlo demuestran su incapacidad de hacerlo cumplir y son cómplices por acción u omisión, más aún cuando se conocen las principales rutas y modus operandi de las bandas y redes dedicadas al tráfico humano, muchas veces en alianza con funcionarios del Estado.

Tal como señala la Embajada de Estados Unidos en su portal web: «El gobierno de Venezuela no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas y no está haciendo ningún esfuerzo para conseguirlo… A pesar de la falta de esfuerzos significativos, en 2019 las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro crearon una fiscalía especializada para supervisar las investigaciones y enjuiciamientos por trata de personas y según informes de la prensa iniciaron un proceso judicial contra tres funcionarios cómplices en un caso importante que involucraba posibles víctimas de trata de personas que desaparecieron en el mar. No obstante, las autoridades no informaron haber asistido a ninguna víctima ni haber investigado, procesado, o condenado a ningún tratante de personas.

Agrega: «Las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos que operan en su territorio de manera impune y no hicieron ningún esfuerzo para investigar a profesionales médicos cubanos en busca de indicadores de tráfico o trata de personas… Los tratantes de personas han cometido delitos de explotación contra víctimas venezolanas en Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Macao, México, Panamá, Perú, España, Surinam y Trinidad y Tobago. Tanto mujeres como niñas venezolanas fueron particularmente vulnerables al tráfico sexual en Colombia y Ecuador”.

La trata de personas es considerada una forma de esclavitud moderna y una de las peores violaciones a los derechos humanos. Este delito convierte a la persona en objeto que se puede “comercializar”, lo que conlleva a su “cosificación”.

Por esta razón, el 27 de mayo y 30 de junio de 2022 FundaRedes solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue la desaparición de venezolanos que se dirigían a Trinidad y Tobago en embarcaciones, así como la existencia de redes de tráfico de personas en las costas del país para que se determinen las responsabilidades en estos crímenes que atentan contra la vida y la integridad personal.

En ambas ocasiones, nuestra organización le recordó por escrito al Ministerio Público que el artículo 55 de la Constitución Bolivariana de Venezuela confiere a toda persona el derecho a la protección por parte del Estado frente a la vulnerabilidad de su integridad y derechos; estando los cuerpos de seguridad obligados a respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Además, el artículo 15 de la Constitución Bolivariana de Venezuela señala que corresponde al Estado el establecimiento de una política integral en las fronteras para preservar la integridad territorial, la soberanía y la seguridad, y asimismo debe garantizar lo previsto en el artículo 327 del texto constitucional en cuanto a que la atención en la frontera es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad.

Prensa Fundaredes