Constantes atropellos y abusos de poder contra la ciudadanía generan miedo e incertidumbre

 

Los grupos armados irregulares y las bandas criminales con alto poder de fuego, encuentran en la fragmentación social del corredor fronterizo, espacio para afianzar su control sobre las comunidades más deprimidas.

La emergencia humanitaria compleja continúa asediando a la población venezolana, FundaRedes lo sigue demostrando en sus constantes investigaciones y es en el Informe de Contexto Fronterizo, donde revela que las situaciones de vulneración del derecho a la vida, seguridad personal, propiedad y paz ciudadana, hacen que la convivencia para las familias venezolanas sea cada vez más precaria, puesto que grupos armados irregulares y las bandas criminales con alto poder de fuego, actúan en múltiples ocasiones en complicidad con los cuerpos de seguridad del Estado.

Los cuerpos de seguridad, lejos de garantizar paz y protección para la recuperación económica, se convierten en piezas claves dentro de la estrategia violenta, que se desarrolla en los territorios fronterizos venezolanos, tomando partido hacia algunas de las regiones en conflicto, estableciendo alianzas y pactos, a fin de obtener beneficios económicos de las actividades ilegales que realizan.

El Arco Minero del Orinoco, ojo del huracán para actividades ilícitas realizadas continuamente por grupos armados, sigue destacando en este informe, con el fortalecimiento del tráfico de armas y municiones, donde la accesibilidad a importantes ingresos económicos y la violenta competencia por el control de las minas, lleva a una desenfrenada carrera armamentista entre los grupos violentos que pugnan por el control de estos territorios.

Estados fronterizos festín de la violencia y hechos vandálicos

La violencia se mantiene activa en los estados fronterizos, resaltando entre los hechos más violentos, los homicidios y enfrentamientos armados, por lo que sigue posicionando Zulia como el estado más violento, sobre todo en los municipios de la zona sur del lago de Maracaibo, sobreponiéndose Cañada de Urdaneta, destaca especialmente por la cantidad de muertes registradas en su jurisdicción.

Destrucción de campamentos, minas anti personales, enfrentamientos armados entre las que destacan las bandas de “El Oso”, “El Chuky”, “El Caracas”, redes activas de prostitución infantil, además de registrarse enfrentamientos entre civiles y “Piratas de Carretera”, es parte de lo que se sigue evidenciando en Zulia, bajo la mirada silente de un Estado que continúa dejando a su suerte a los habitantes del corredor fronterizo.

Bolívar se posiciona como la segunda entidad más violenta, por la disputa en el control de la explotación minera y de sus territorios estratégicos, lo que ha ocasionado graves enfrentamientos, que se han documentado por la permanente mirada del equipo de monitoreo de FundaRedes, así como la violación sistemática a tribus indígenas autóctonas del lugar, por el grave daño al ambiente, que se ha visto deteriorado por la minería ilegal que usa metales pesados altamente contaminantes para la extracción del oro.

Seguido de Falcón, donde prevalece la extorsión, secuestros, homicidios y hurtos, estado en el que se han instalado los Grupos Armados Irregulares (GAI) y bandas criminales procedentes de varias regiones fronterizas, llevando a este estado a ocupar el primer lugar en desapariciones y/o secuestros, desplazando a Táchira que hasta hoy había ocupado esta posición.

Apure se mantiene en la palestra, una región altamente afectada por una fuerte avanzada militar, luego de los enfrentamientos entre diversas facciones guerrilleras que han dejado en zozobra permanente a sus habitantes. Además de los distintos hechos de abuso de autoridad, creación de laboratorios de drogas, refugios estratégicos y en donde se han desmontado cientos de minas antipersonales, siendo estas mismas autoridades las que no identifican correctamente a los responsables de estos delitos.

En Amazonas, además de la explotación ilegal de oro, también la selva amazónica comienza a perder espacios vitales que están siendo destinados al cultivo de estupefacientes o a la construcción de pistas clandestinas y laboratorios de procesamiento que, promueve el crecimiento de armas en la zona, bajo la participación activa o pasiva de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

Aunque en el mes de junio las desapariciones, los secuestros y homicidios lideran el índice de hechos violentos en Táchira, esto contribuye a otros delitos como extorsiones, cobro de vacunas, narcotráfico, contrabando de todo tipo de materiales estratégicos y productos industrializados, hurto, tráfico de drogas y autos de alta gama, que son robados a un lado de la frontera y filtrados al país vecino para su comercialización.

Así mismo, Guárico pese a no ser una entidad fronteriza, es objeto de una intervención militar y policial debido a la alta presencia de organizaciones violentas que están actuando en sus territorios, sin embargo, los llamados “operativos de seguridad” han violentado de manera reiterada los DDHH de comerciantes, empresarios y familias en Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas, manifestándose en detenciones arbitrarias, allanamientos sin órdenes judiciales, represión y extorsiones.

A través de esta reseña de hechos violentos realizada por la ONG FundaRedes en su «Informe de Contexto Fronterizo», se hace el llamado a los entes encargados, a fin de que se respeten los derechos de los venezolanos, siendo los pobladores de zonas más vulnerables, quienes a diario viven las consecuencias de la pasividad del Estado venezolano, único propiciador de la grave emergencia humanitaria compleja en el país.

Prensa FundaRedes