El 2022 inicia en Venezuela con una ola de violencia jamás registrada. Ya no solo son los estados fronterizos como Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia los que confirman la presencia de los Grupos Armados irregulares en territorio nacional, sino que entidades alejadas de la franja limítrofe, como Monagas, se convierten en escenario de cruentos enfrentamientos, al comienzo del mes de enero, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales (sindicato de Barrancas del Orinoco), por el control y manejo de las rutas para el comercio ilegal de combustible y el narcotráfico en la zona.
Pero la violencia de inicios de 2022 no se circunscribe sólo a las riberas del Orinoco, pues entre Colombia y Venezuela, el corredor fronterizo a las márgenes del río Arauca, deja en Apure evidencias de una guerra a muerte entre el ELN y las disidencias de las FARC, ecuación a la que posteriormente se sumaría el Ejército venezolano, “distraído” en un principio en el resguardo electoral a los comicios que se llevaban a cabo en el estado Barinas.
De acuerdo a las investigaciones documentadas por FundaRedes, mediante la Curva de la Violencia, los asesinatos aumentaron su incidencia en 28% con relación al mes de diciembre, mientras se triplica de la cifra de desapariciones y se registra más del doble de los enfrentamientos armados contabilizados durante el último mes de 2021.
Los estados Táchira, Zulia y Bolívar continúan sumergidos en un espiral de violencia que se refleja en homicidios, enfrentamientos armados, desapariciones, actividades de extorsión y secuestro, ataques con armas de guerra, entre otras actividades delincuenciales, ante la inacción de los organismos de seguridad.
También en Anzoátegui, Sucre y Guárico las actuaciones de grupos delictivos han ido en aumento, lo que mantiene en constante zozobra a los habitantes de estas entidades. Extorsiones, secuestros, robo, abigeato y asesinatos constituyen los principales hechos que se registran en el la zona del llano y oriente del país.
La actividad minera en los estados surorientales de Venezuela, aparejan a la creciente ola de violencia, daños ambientales inimaginables, asociados a la explotación de más de tres mil asentamientos mineros y la construcción de casi medio centenar de pistas clandestinas que permite movilizar el oro extraído en ellos, así como gran cantidad de estupefacientes.
Esta hiperactividad extractivista ilegal, además de representar un abierto saqueo a las riquezas naturales del subsuelo venezolano, constituye uno de los perores crímenes ecológicos de la humanidad, investigaciones realizadas por algunas ONG dan cuenta de la arrolladora destrucción del Amazonas por parte de mineros ilegales controlados por Grupos Armados Irregulares (GAI) que, usando técnicas artesanales altamente contaminantes, envenenan las aguas y con ellas a la fauna y los grupos humanos que se abastecen de ellas.
Las pocas oportunidades laborales y de calidad de vida inexistentes en el país actualmente llevan a que el fenómeno migratorio cada vez cobre mayor auge en Venezuela. Los constantes desplazamientos hacia entidades fronterizas en búsqueda de mayores oportunidades son cada día más visibles y dejan tras de sí familias destruidas, padres que se ven forzados a abandonar el hogar, dejando atrás a sus hijos al cuidado de abuelos, familiares e incluso vecinos o conocidos.
Un aspecto resaltante que preocupa a los padres y familias que deciden migrar es la documentación para los menores de edad que muchas veces es difícil obtener y que priva a los infantes de los beneficios que todo niño y niña sin importar su condición deberían gozar. En manaos (Brasil) al menos (400) menores migrantes están indocumentados lo que los lleva a enfrentar problemas para recibir un registro. La ONG Aldeas Infantiles SOS alertó sobre la situación de «extrema vulnerabilidad» que enfrentan muchas familias e inició una campaña en el estado brasileño de Amazonas que espera cubrir las necesidades de 1.000 familias. La falta de documentos afecta a niños nacidos en Venezuela y de padres venezolanos nacidos en Brasil.
(https://talcualdigital.com/400-menores-migrantes-estan-indocumentados-en-manaos-informa-aldeas-infantiles-sos/)
SÍNTESIS DESCRIPTIVA
Las bandas criminales con alto poder de fuego o Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) continúan expandiéndose en diversas entidades del país, sus áreas de acción son la extorsión, los asesinatos y los ataques con armas de guerra. Para este primer mes del 2022, FundaRedes logró documentar noventa y un (91) víctimas de homicidio, treinta y cinco (35) víctimas de desapariciones o secuestros y treinta (30) casos de Enfrentamientos Armados en los estados fronterizos de Venezuela.
En Monagas, a más de 800 kilómetros de la frontera, los habitantes de Barrancas del Orinoco fueron sorprendidos por un ataque con armas de fuego de distintos calibres y detonaciones de granadas, armamento de guerra fusiles y rifles R15, situación que se mantuvo inicialmente por más de 7 horas. Los enfrentamientos se produjeron de forma repetida durante semanas, dejando a lo largo del primer mes del año, un número indeterminado de fallecidos, heridos y desaparecidos, ante la indiferencia del Estado venezolano, lo que constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales de la población, la cual fue sometida y violentada por parte de estos grupos terroristas que solo dejan a su paso muerte y desolación.
De acuerdo con información recabada por la asociación civil Kape Kape, que defiende los derechos de los pueblos indígenas, los habitantes del municipio Sotillo de Monagas aseguran que la incursión con la que se estrenó el año fue ejecutada por grupos armados extranjeros, que están tras el control del territorio ejercido por la banda El Sindicato de Barrancas.
La presencia y expansión de Grupos Armados irregulares en Venezuela ha sido denunciado por FundaRedes en reiteradas oportunidades. Las investigaciones desarrolladas por la organización muestran que los mismos operan en 21 estados del país, como se ratifica en el boletín #25 denominado: «Grupos armados irregulares extienden su presencia en territorio venezolano».
(https://www.fundaredes.org/2020/10/06/boletin25-grupos-armados-irregulares-extienden-su-presencia-en-territorio-v
enezolano/)
El informe da cuenta de los enfrentamientos que se dan en las cercanías del rio Orinoco siendo este un corredor para la extracción de minerales, contrabando, narcotráfico y acceso de poder por estas corrientes fluviales que comunican importantes minas ilegales.
El constante conflicto que mantiene las FARC-EP con el ELN y las disidencias de Iván Márquez en el estado Apure, ha generado un patrón que se repite una y otra vez, con personas desaparecidas que aparecen asesinadas en el estado Táchira. En el 2020 FundaRedes denunció esta situación ante el Ministerio Público del estado Táchira y hasta la fecha siguen ocurriendo este tipo de hechos violentos.
La actuación de la guerrilla del ELN a quien se responsabiliza por el asesinato de José Noel Ortega Fandiño, conocido como “El Cherry”, quien fue ultimado mientras se trasladaba por el sector conocido como Río Frío, en la troncal 5, carretera nacional que comunica el Táchira con el estado Apure y el centro del país, hombre vinculado a las disidencias de las FARC; se convirtió en el detonante de una ola de violencia que se extendió al corredor fronterizo Apure-Arauca, sumido desde hace semanas en una guerra de guerrillas.
Durante las últimas semanas del mes de enero de 2022 se han registrado varios enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y disidentes de las FARC en la población de Arauca Colombia, acciones que inevitablemente repercuten en el lado venezolano, puesto que la región apureña sirve de “aliviadero” para estas agrupaciones terroristas.
Según el ministro de la defensa de Colombia, las confrontaciones entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comenzaron en La Victoria, una localidad del estado Apure, ubicado en Venezuela.
La frontera común entre ambos países, además de ser blanco de constantes ataques contra la fuerza pública que incluyen explosivos y ráfagas de fusil, y ataques «terroristas» contra civiles, es un corredor para el narcotráfico.
Toda esta situación de violencia ha generado varios desplazamientos forzados de quienes temen resultar afectados por las acciones de los grupos armados en la zona fronteriza entre Apure y Arauca.
Mientras tanto, el portal Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega Earthrise Media, desarrollaron un trabajo de investigación titulado: “La minería ilegal montó sus bases aéreas en la selva” donde a partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia Artificial, fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas, entidades que juntas suman casi la mitad del territorio venezolano. Aledañas a esas áreas deforestadas, que en total equivalen a 40.000 campos de fútbol, a menudo se encuentran pistas clandestinas -hasta 42 se detectaron- que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar valiosos cargamentos de oro y drogas, como se muestra en la primera entrega de la serie ‘Corredor Furtivo’.
(https://armando.info/la-mineria-ilegal-monto-sus-bases-aereas-en-la-selva/)
Esta afectación, sumada a la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela, impulsa a los pueblos originarios a abandonar sus asentamientos y desplazarse hacia estados cercanos en busca de alimentos, seguridad e incluso atención en salud, pero también contribuye a exacerbar la migración hacia Colombia, Brasil y otros países de Suramérica. Un estudio elaborado por el Observatorio Venezolano de Migración (OVM) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) concluye que 18% de los migrantes venezolanos permanecen en situación irregular, lo que los lleva a no contar con los beneficios necesarios en el país donde han migrado. Así mismo destaca que “se desconoce el estatus migratorio del 15 % de la población venezolana en el exterior.
(https://www.fronteraviva.com/18-de-los-migrantes-venezolanos-permanecen-en-situacion-irregular/?amp
Según la ONG Kapé Kapé durante la segunda semana de enero de 2022, llegó a Manaos (Brasil) el primer grupo de al menos 25 indígenas waraos provenientes de la comunidad de Jojene, ubicada en la parroquia Manuel Renaud, del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. Durante las primeras semanas de 2022 se ha repetido la tendencia de aumento de la movilización de indígenas warao desde Delta Amacuro hasta Brasil. La trayectoria de los migrantes dura un poco más de 2 semanas hasta llegar a Brasil, recorriendo 3 estados del país. Su recorrido comienza en el bajo delta, desde donde navegan a remo y en canoas por una semana, para llegar a Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas.
(https://kape-kape.org/2022/01/26/sigue-aumentando-pico-de-migracion-warao-hacia-brasil/
Veintidós fusiles Galil 5.56 desaparecieron del almacén de la policía estadal los primeros días del mes de enero 2022, razón por la que se inició una investigación para dar con el paradero del armamento y determinar las responsabilidades de los uniformados encargados de custodiar las armas. FundaRedes ha denunciado en reiteradas oportunidades la desaparición y robo de armamento en los parques de armas de los distintos organismos de seguridad, armas que en la mayoría de los casos están en poder de los GAI y bandas delincuenciales. Un intercambio de disparos entre un grupo armado y personal destacado en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Sucre, cobró la vida del sargento Cesar Patiño.
Un hecho resaltante ocurrido en la última semana de enero de 2022 fue la detención del alcalde del municipio Independencia, al sur del estado Anzoátegui, Carlos Vidal, por contrabando de combustible. Con Vidal, son dos los alcaldes afectos al gobierno nacional detenidos en los últimos días, luego de que en el estado Falcón fuese arrestada la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del Zulia, Keyrineth Fernández, transportando un cargamento de cocaína.
Entidades como Guárico, usualmente dedicado a la explotación agropecuaria de grandes superficies, se han convertido en foco de actividad de grupos armados que se mueven entre el centro del país y el llano, y que controlan las rutas de alimentos y de la droga. El incremento de la acción delictiva ocurre en las zonas rurales. En esta entidad se libra una guerra entre bandas por el manejo de las rentas que proporciona la extorsión de las actividades ganadera y comercial y por el control de las rutas de las carreteras que conectan los estados Apure y Bolívar al sur, con las ciudades y puertos del centro-norte del país.
Se registran muertes violentas, los homicidios se dan mayormente por resistencia a la autoridad, pero también por enfrentamientos entre bandas delincuenciales, sicariatos, extorsiones y cobro de vacunas. Los hechos violentos entre grupos persisten en todas las escalas de la sociedad guariqueña, desde las pandillas urbano-rurales, hasta grupos armados irregulares.
Mención aparte requiere el estado Barinas, en donde fueron abiertamente desconocidos los resultados electorales para la escogencia de gobernadores y otras autoridades, del proceso realizado en el mes de noviembre, y que llevó a una repetición de los comicios de Barinas este mes de enero, donde las irregularidades no se hicieron esperar, el uso de vehículos oficiales para actividades de campaña, movilización de autobuses de otros estados hasta Barinas y la censura de los medios de comunicación son algunos de los hechos que marcaron la jornada electoral en la entidad.
Al menos 25.135 efectivos de seguridad militar y policial fueron desplegados en el estado Barinas para los comicios, dejando desatendidas otras entidades con graves crisis de seguridad, como Monagas y Apure
Al menos 25.135 efectivos de seguridad militar y policial fueron desplegados en el estado Barinas para los comicios, dejando desatendidas otras entidades con graves crisis de seguridad, como Monagas y Apure. El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Llanos venezolanos, Santiago Infante, detalló que se ordenó un “despliegue lineal y radial del equipo tecnológico y no tecnológico hacia los centros de votación”. La Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) alertó que ciudadanos fueron migrados de su centro de votación en Barinas a otro estado del territorio. Violando los derechos de los habitantes a un debido proceso, donde reine la justicia y la voluntad del pueblo.
Estos sucesos acaecidos en los territorios de frontera y otros estados al interior de Venezuela, confirman una vez más las denuncias e incidencias hechas desde FundaRedes desde hace más de 10 años, en relación a la presencia, permanencia y actuación de los GAI en buena parte del territorio nacional y requieren una mirada detallada en cada uno de sus propios contextos locales, la cual ofrecemos a continuación:
MONAGAS
Una serie de enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Sindicato de Barrancas del Orinoco, inicialmente y luego entre el Sindicato y los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, han dejado una estela de muerte y desolación, tanto en la población civil asentada en esta comunidad ubicada en la ribera del río Orinoco, como en las etnias originarias que hacen vida en la zona. La intensidad de los combates iniciales llevó a un tardío despliegue de seguridad que incluye la militarización de la zona y la activación de un puesto de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
(https://talcualdigital.com/en-barrancas-del-orinoco-accion-del-crimen-organizado-configura-un-estado-paralelo/).
Sin embargo, la presencia de las autoridades ha disparado los reportes de desapariciones, detenciones arbitrarias, falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, así como el temor de las víctimas a denunciar en previsión a represalias contra su integridad personal y la de sus familias, disparando un acentuado éxodo de desplazados que se han movilizado hacia estados cercanos como Bolívar y Delta Amacuro, en busca de un poco de paz y seguridad.
APURE
Apure se destaca como el segundo estado con mayor incidencia en violencia en la zona fronteriza de Venezuela, registrando veinte (20) víctimas de homicidio, siendo el municipio Páez es el de mayor mayor incidencia, con quince (15) personas que pierden la vida en manos de homicidas, seguido de San Fernando con cuatro (04) y Pedro Camejo con una (01) victima.
Forma parte de un corredor fronterizo que incluye al departamento de Arauca Colombia, zona binacional en la que las guerrillas del ELN, las disidencias de las FARC y otros agentes externos que incluyen organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional, pugnan por el control de los territorios, las alianzas de poder y las rutas para el contrabando, lo que ha devenido en una guerra sin cuartel, que afecta a los habitantes de las comunidades fronterizas a ambos lados de la línea binacional. Mientras en Apure, quienes no cruzan la frontera huyen hacia el estado Amazonas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia, confirmó que más de 1500 personas se han desplazado forzosamente tras el conflicto armado que se desarrolla en Arauca entre grupos guerrilleros. Precisa el informe de la agencia que en total son 428 familias que han tenido que abandonar sus casas en varios municipios del departamento colombiano y emprender un desplazamiento interno. De ellas, 21 familias son venezolanas. Habitantes de Arauca, vestidos de blanco, pidieron el cese de los combates.
Mientras en Apure, quienes no cruzan la frontera huyen hacia el estado Amazonas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia, confirmó que más de 1500 personas se han desplazado forzosamente tras el conflicto armado que se desarrolla en Arauca
La crudeza de los combates que causaron la muerte de 27 personas en Arauca, y al menos 10 en la entidad apureña, llevó a que la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) desplegase el operativo “Escudo Bolivariano” para contrarrestar los ataques de los grupos armados en la entidad llanera, acciones que, entre otros abusos y violaciones, ha traído como consecuencia al menos 95 detenciones arbitrarias, según
denuncias recibidas por FundaRedes.
Según se pudo conocer la FANB destruyó uno de los campamentos de un grupo irregular identificado por las fuerzas gubernamentales como TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos), en el eje fronterizo del estado Apure.
Juan Francisco García coordinador de FundaRedes en esta entidad, informó que la madrugada del día 10 de enero fue obstaculizada la zona del eje cafetero, carretera nacional que comunica puerto Ayacucho (en Amazonas) con el municipio Pedro Camejo en Apure, por los hechos de violencia entre estos grupos armados irregulares que trajeron además como consecuencia, la muerte de José Urbina, dirigente del partido comunista y comunicador social muy conocido en esa zona.
Asimismo, el alcalde del municipio Páez en el estado Apure, José María Romero, confirmó el miércoles 26 de enero la detención de la comisionada de la Policía Municipal (PoliPáez), Iris Ramos Rattia, por parte de los cuerpos de inteligencia militar. La autoridad municipal aseguró en una transmisión por Facebook, que la jefa de PoliPáez está señalada de mantener “comunicación con miembros de las FARC”.
FundaRedes ha recibido reportes de periodistas que sufren amenazas para intimidarlos y así evitar que revelen información sobre lo que acontece o son obligados a publicar y difundir informaciones proporcionadas por los irregulares, lo que conlleva a la autocensura de los comunicadores por temor a represalias y dificulta el acceso a la información oportuna y veraz.
Además de los combates, destaca en Apure el homicidio de José Eduardo Chacón Chacón, de 16 años de edad, en el Sector Tres Esquinas del municipio Páez. Se conoció que el Joven que, junto con otras dos personas fue secuestrado en Táchira, fue trasladado a Apure, donde lo asesinaron. Su familia denunció que el muchacho fue sepultado en el cementerio de Guasdualito, sin autopsia y sin conocimiento del Ministerio Público. Se aguarda por una posible exhumación para verificar la identidad. Sobre los otros dos secuestrados, no se obtuvo ninguna información.
Otro de los casos de desaparecidos es el de Juan Carlos Guillén Rosales, Exmilitar (capitán retirado del Ejército) y abogado, dedicado a la defensa de presos políticos, sobre todo en el estado Apure. Lo reportaron como desaparecido, luego de que fuera detenido por una comisión de la Dgcim. A mediados de la tercera semana de enero, se hizo público que el 12 de este mes, había sido presentado ante tribunales, luego de ser torturado y de amenazas a su familia.
AMAZONAS
Periodistas y organizaciones no gubernamentales han denunciado que en el parque nacional Yapacana, muy cerca de la frontera colombo venezolana, controlada ahora por la guerrilla colombiana, está ocurriendo el ecocidio más grande de los parques nacionales venezolanos, mediante una creciente actividad minera ilegal aparejada a la destrucción de cientos de hectáreas de selva virgen, contaminación de nacientes acuíferos y redes fluviales que afectan el ecosistema y la biodiversidad, así como a las comunidades ancestrales asentadas en estos espacios.
Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice de la FANB que se ha encargado de comercializar la gasolina y ha entregado el control de la actividad minera ilegal a la guerrilla colombiana mediante acuerdos que le confieren ganancias en oro de sangre y divisas, a ser repartidas en toda la cadena de mando.
BOLÍVAR
Durante el primer mes del 2022 las bandas criminales con alto poder de fuego y los Grupos Armados Irregulares hicieron gala de su poderío generando gran cantidad de hechos violentos. En consecuencia se registraron diecisiete (17) homicidios, siendo todas las victimas de género masculino. Hubo además seis (06) enfrentamientos con igual número de fallecidos y cuatro (04) personas heridas. En los hechos participaron funcionarios de la Guardia Nacional, CICPC, Policía Nacional, DGCIM Y POLIBOLIVAR; en contra de miembros de bandas delincuenciales como la Banda de “El Enano” y Frente Revolución Perú. El municipio El Caroní registró tres (03) de estos hechos, el municipio Cedeño dos (02) y El Callao, uno (01). De igual forma se contabilizaron 07 casos de desapariciones o secuestros.
Los integrantes de las etnias indígenas (Sororopano, Santa Lucía de Inaway, San Miguel de Betania, Arayma Tepuy, Jobochirima, Guarumapate y Santa Flaviana) ubicada en el sector Las Claritas, cerraron la troncal 10 del municipio Sifontes como medida de protesta por la presencia de las agrupaciones terroristas que pretenden desalojarlos de sus tierras a la fuerza y adueñarse de sus riquezas minerales.
Según fuentes extraoficiales, el problema surge de la toma, por parte de los grupos armados, de un inmueble que se encuentra ubicado sobre el Km. 80, conocido como Tierra Blanca. En el sitio se encuentra la construcción de una planta industrial, y para los GAI “es una zona de interés para lucrarse”. Desde el inicio del conflicto, se sabe de al menos ocho heridos por los enfrentamientos, y los comerciantes del
pueblo minero han cerrado por temor a una escalada mayor del problema. Lugareños también denunciaron que algunos están siendo obligados por esos grupos irregulares a salir a las calles para enfrentarse a los indígenas.
También en las primeras semanas del mes de enero la entidad oriental fue sorprendida por el asesinato del secretario general del sindicato de la construcción, Ángel Jonás Espinoza, quien fue abordado por unos sujetos que accionaron armas de fuego en su contra, cuando se trasladaba hacia su residencia.
El ex diputado de la Asamblea Nacional @AméricoDeGrazia informó a través de su cuenta de Twitter que la violencia continúa en la minas en el municipio Sucre, esta vez en la mina Colonial, en la población Maripa, donde se registró un enfrentamiento el 26 de enero, entre cuerpos de seguridad del municipio y bandas delictivas por el control de territorio y de la mina.
TÁCHIRA
Disidentes de las FARC heridos en combate en el estado Apure, se encontraban escondidos en un populoso sector de la capital tachirense, lo que lleva a que el conflicto armado entre los grupos guerrilleros del ELN y las disidencias de las FARC desarrollado en el eje fronterizo de Apure con Arauca, también impacte en el estado Táchira.
Los brotes de violencia han mostrado en el mes de enero una peligrosa escalada, donde se han visto involucrados grupos armados irregulares, bandas criminales y en algunos casos los organismos de seguridad. Tal es el caso de los fuertes enfrentamientos ocurridos el 29 de enero de 2022 al parecer entre grupos armados en Puerto Santander, específicamente en Puerto León cerca al territorio venezolano.
Los homicidios en los pasos ilegales o trochas se han convertido en parte de la cotidianidad ante el desinterés de las autoridades de ambos países para frenar la criminalidad, es así como muchas personas, que por la emergencia humanitaria que atraviesa el país, se dirigen a la frontera y laboran en las trochas para poder sostener a sus familias, terminan encontrando la muerte o desaparecen en manos de bandas criminales con la finalidad de obligarlos a cometer hechos ilícitos, prostituirlos o son expuestos a otras
vicisitudes.
17 personas han desaparecido en enero 2022 Táchira lidera las cifras de desapariciones y secuestros en los estados fronterizos de Venezuela.
En este sentido, la entidad ocupa en enero el cuarto lugar en hechos de violencia, registrando siete (07) casos de homicidios y diecisiete (17) desapariciones o secuestros, siendo el estado que lidera este renglón de documentación, lo que demuestra el crecimiento de la inseguridad en esta región de gran importancia como paso fronterizo hacia Colombia, especialmente por los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, en donde se han dado a conocer reiteradas situaciones de violencia y criminalidad imperante.
Es necesario destacar el incremento de los atentados terroristas en diferentes localidades del Departamento Norte de Santander, cometidos por grupos armados irregulares, y que pudieran replicarse en territorio venezolano.
ZULIA
Los ataques a comercios y sedes policiales, además de los asesinatos, se han agudizado en durante el primer mes del 2022 en los municipios Miranda, Santa Rita y La Cañada de Urdaneta, cuya autoría se le atribuye a diferentes organizaciones delincuenciales y grupos armados como una manera de exigir el pago de grandes montos de dinero que varían entre 5 mil y 15 mil dólares como parte de las actividades de extorsión. Recientemente, en horas de la madrugada del 30/01/2022 fue lanzado un artefacto explosivo en una discoteca en Ciudad Ojeda dejando una persona muerta y al menos 3 heridas.
Bandas exigen sumas exorbitantes por secuestros y extorsiones.
En la entidad zuliana se registraron cuarenta y un (41) víctimas de homicidios, la mayoría de ellos ocasionados por armas de fuego y cerca de la mitad de los casos corresponden a enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato. En total se registraron 18 de estas situaciones con 25 fallecidos. Zulia también contabilizó 6 desapariciones y/o secuestros, donde destaca el caso de un comerciante raptado de su domicilio por hombres que portaban uniformes del CICPC y el de tres trabajadores que desaparecieron luego de salir a cortar leña y aparecieron abaleados varios días después.
Es de destacar que comienzan a registrarse actuaciones interestatales en algunas bandas, que luego de cometer sus delitos en Zulia, se refugian de las autoridades en otras entidades del país. Uno de estos casos corresponde a Ebert Alexander González Morles y José Villarroel quienes perdieron la vida en el municipio Santa Rita, Empresa Promacol, sector Punta Iguana. La primera víctima, era Primer Teniente de la GNB y fue asesinado durante un atraco a esta empresa camaronera, que se convirtió en enfrentamiento cuando la PNB tuvo conocimiento del hecho y solicitó apoyo a la GNB, comisión en la que llegó la víctima fatal. Inicialmente resultó herido, siendo trasladado a un centro de salud, donde murió a los pocos minutos de su ingreso. La segunda víctima el vigilante de la empresa. Cinco de los presuntos homicidas, habrían muerto, días después, en Yaracuy, en medio de un supuesto enfrentamiento. Sobre el caso se desarrollaron varios
procedimientos posteriores, en medio de los cuales murieron otros dos presuntos integrantes de esta banda.
FALCÓN
Por su ubicación geográfica, es un territorio estratégico para el desarrollo de diferentes actividades ilícitas por parte de los carteles del narcotráfico. En las últimas semanas se han practicado operativos antinarcóticos donde se han incautado alijos de droga y han sido detenidos ciudadanos comunes y altos personeros gubernamentales, como es el caso de la alcaldesa del PSUV del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Keyrineth Fernández.
La aprehensión ocurrió en la ciudad de Cumarebo, municipio Zamora del estado Falcón. La funcionaria se trasladaba en una camioneta Toyota Tacoma, placas AG4DP5M y portaba 6 panelas de droga, con un peso de 7,120 kilogramos. Al momento de la detención estaba acompañada por los diputados Taina González (Psuv-Zulia) y Luis Viloria Chirino (Primero Venezuela-Táchira). En ese municipio de Falcón, en las últimas semanas se han incautado 18 panelas de cocaína en 3 procedimientos.
Igualmente se han venido incrementando en la costa oriental, occidente y el eje de la sierra falconiana los casos de extorsión contra pequeños y medianos productores y en los últimos meses también el delito de abigeato. El robo de ganado amenaza la actividad ganadera en el estado y constituye un problema adicional para los productores falconianos. Falcón registró en enero, seis (06) homicidios, una (01) desaparición y tres enfrentamientos armados con igual número de fallecidos.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Los grupos armados irregulares y bandas con alto poder de fuego, desde el año 2005 vienen ejerciendo un alto control sobre las zonas fronterizas de Venezuela, puntos estratégicos perfectos para desarrollar sus actividades ilícitas. La alta presencia de grupos armados irregulares en los estados Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia han ocasionado disputas por el control de territorios donde las autoridades venezolanas hacen caso omiso, o –peor aún- se convierten en cómplices activos, permitiendo que estos grupos extiendan su presencia a otros estados del país.
Resulta innegable el movimiento expansionista que vienen realizando los grupos armados irregulares en Venezuela, los cuales luego de extender su presencia a la casi totalidad del territorio, inician ahora una fase de consolidación de las rutas y espacios necesarios para la movilización de mercancías ilegales y personas, la frontera terrestres y las salidas marítimas, así como los espacios para el funcionamiento de pistas clandestinas, parecieran ser la motivación que impulsa los cruentos combates en los albores del 2022. Prueba de ello, situaciones como las registradas en Monagas por el control del Orinoco y su salida marítima simultánea, que permite llevar las riquezas extraídas desde las profundidades del Amazonas, al Caribe y el Atlántico.
En paralelo, el contexto opresivo que vive el estado Apure continúa afectando inevitablemente a la población civil, pues además de encontrarse en medio de un conflicto armado que intenta establecer además de la territorial, dirimir un conflicto de intereses y poderes entre organizaciones guerrilleras, y amenaza con incrementar su intensidad, ve vulnerados sus derechos fundamentales por parte del Estado venezolano, acusado además de tomar partido por uno de los bandos irregulares en pugna. El que dos alcaldes y dos diputados en ejercicio -afectos al gobierno nacional-, quienes amparándose en su condición e inmunidad, formen parte de una banda de narcotraficantes (como es el caso de la alcaldesa Keyrineth Fernández y los diputados Taina González y Luis Viloria Chirino) y que el alcalde Carlos Vidal, pertenezca a una red de contrabandistas de combustible, constituye un claro ejemplo de la corrupción del poder en Venezuela y de los nexos del oficialismo con las bandas de contrabandistas y narcotraficantes que controlan los territorios fronterizos y se extienden hacia otros estados del país; pero también evidencian las fracturas y pugnas internas que se producen en los niveles superiores del poder político venezolano por el control de estos negocios ilícitos.
Los enfrentamientos en las trochas en el estado Táchira dan cuenta de la presencia de grupos armados irregulares y el férreo control que ejercen sobre estos pasos ilegales, por los cuales deben transitar miles de personas en condiciones inhumanas, donde son sometidos a requisas por parte de estos grupos armados e incluso bandas delincuenciales que se mantienen de manera permanente en las trochas binacionales. Los constantes asesinatos en esta zona de frontera se dan como parte de ajustes de cuentas o por incumplimiento de cuotas en las vacunas establecidas de forma extorsiva por estos grupos.
La presencia de las autoridades ha disparado los reportes de desapariciones, detenciones arbitrarias, falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales
