Misión de Hechos de la ONU investigará violaciones de Derechos Humanos en Venezuela
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El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó a los integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela. La instancia estará conformada por Marta Valiñas (Portugal), quien presidirá la comisión, Francisco Cox Vial (Chile) y Paul Seils (Irlanda), todos especialistas reconocidos en derecho penal internacional y justicia transicional.
El 8 de octubre de 2019, en su resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una misión para Venezuela con el objetivo expreso de “investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014 con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.
Los miembros de esta misión fueron nombrados el 2 de diciembre de 2019. Marta Valiñas es especialista en justicia penal internacional y justicia transicional, con experticia en el caso de Yugoslavia. Por su parte, Francisco Cox Vial, es abogado penalista y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de Ayotzinapa en México. Paul Seils es el director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz y trabajó en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Acceso a la Justicia enfatiza que la Misión de la ONU no tiene como objetivo determinar si en Venezuela se han cometido violaciones a los derechos humanos, pues ello quedó evidenciando, entre otros, en el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sino que busca la rendición de cuentas sobre los crímenes relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos, especialmente los vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, así como las torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos, en Venezuela, a partir del año 2014.
Un aspecto importante de la Misión de Determinación de Hechos es que se establecerá a los responsables de las atrocidades comentadas. Este proceso hará énfasis en la cadena de mando involucrada en los sucesos. De allí que no debe olvidarse que, al tratarse de crímenes cometidos dentro de una política de Estado, la responsabilidad personal de quienes los cometen apenas se inicia con los autores materiales y luego escala a los supervisores y jefes de las instituciones que los cometieron.
Acceso a la Justicia recuerda que en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, emitido en julio de 2019, la funcionaria solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos en el país, especialmente las referentes a torturas y ejecuciones extrajudiciales”.
¿Qué es una Misión Internacional de Determinación de Hechos?
Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de hechos, establecidas por mandato de la ONU, se emplean para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
La finalidad de este mecanismo es promover la responsabilidad por las violaciones y combatir la impunidad. Para el desarrollo de las misiones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) proporciona conocimientos técnicos y asistencia mediante varias fases clave: la formulación de guía, el asesoramiento metodológico y sobre derecho internacional, la elaboración de herramientas de investigación, la configuración de secretarías con personal especializado, y el suministro de apoyo administrativo, logístico y de seguridad, entre otros aspectos.
Venezuela será investigada igual que Birmania
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos es una figura que se ha creado para otros países con situaciones de crímenes como presuntamente los cometidos en Venezuela, dentro de los que figura Birmania, país del sudeste asiático también conocido como Myanmar.
Acceso a la Justicia recuerda que en el caso de Birmania la Misión de Determinación de Hechos determinó en 2018 que las fuerzas de seguridad del país habían cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Se planteó al Consejo de Derechos Humanos que remitiera el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o, si así lo consideraba, conformara un tribunal especial para juzgar estos crímenes. Asimismo, la misión concluyó que debían juzgarse al comandante en jefe, general Min Aung Hlaing, y a su alto mando por la comisión de los crímenes.
Un aspecto fundamental de esa investigación es que los hallazgos de la investigación condujeron a que el 26 de junio de 2019 la Fiscalía de la CPI solicitara a la Corte el inicio de la fase de investigación contra los responsables de los crímenes antes mencionados.
Todo esto puede ocurrir también en el caso venezolano cuando la Misión Internacional de Determinación de Hechos rinda cuentas en septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos.
Lo dicho es importante, porque en el caso de Birmania al igual que en el caso venezolano, el gobierno se negó a colaborar con la Misión, y a pesar de ello, la misma pudo recabar desde otros países la información necesaria para determinar la identidad de los responsables de los crímenes atroces cometidos por el Gobierno birmano.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La conformación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela representa un paso adelante para combatir la impunidad en lo relativo a los crímenes vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias; las torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes.
Sin duda, es un paso esencial y una gran victoria para las víctimas de los crímenes atroces ocurridos en los últimos cinco años en el país y una herramienta fundamental para fijar responsabilidades individuales. Además, el mecanismo representa un aliciente para la sociedad civil organizada para que continúe su labor de documentación y denuncia. Recordemos que cada vez que se escucha la voz de una víctima, más cerca estamos de la justicia.