En rueda de prensa desde la ciudad de Caracas, el Movimiento Popular Alternativo denunció el pacto de élites que está imponiendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el PSUV y sus satélites desde la Asamblea Nacional, con la exclusión de diversos sectores políticos y sociales del venidero proceso electoral presidencial de este año.

Manuel Isidro Molina en su condición de vocero manifestó que el diputado Jorge Rodríguez y su equipo han incurrido en un entendimiento previo entre el PSUV y sus satélites para el montaje inicial de una supuesta «consulta», y luego lo han extendido a los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sin tomar en cuenta el amplio espectro de factores políticos y sociales que hacen vida en el país.

Molina aseguró que es clara la intención de excluir a los sectores alternativos que no comulgamos con el Gobierno corrupto y traidor a los trabajadores venezolanos, ni con las formaciones que se autocalifican de «opositoras» chupando de las canonjías gubernamentales o las organizaciones violentistas e irresponsables que junto con el oficialismo han destrozado las posibilidades de desarrollo de nuestra patria.

Desde el Movimiento Popular Alternativo, exigimos públicamente, la adopción de acciones urgentes y reales que garanticen un proceso electoral presidencial confiable, democrático, participativo y sin el ventajismo vulgar que aplica el PSUV desde los tres niveles del Estado, constituyendo abuso de poder asociado a la corrupción.

Exigimos señaló Molina:

1.- ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN EL MES DE DICIEMBRE PRÓXIMO, para garantizar un cronograma técnico, organizacional y político para la ejecución de unos comicios libres, equitativos y verificables.

2.- Levantamiento inmediato de las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de organizaciones políticas reconocidas como Patria Para Todos, Movimiento Republicano, Primero Justicia, Movimiento Electoral del Pueblo y Partido Comunista de Venezuela, entre otras, que han sido víctimas del abuso de poder mediante manipulación odiosa del Sistema de Justicia a favor de los interés del PSUV y sus satélites, vendidos y mercenarios.

3.- Liberación desde el CNE de los procesos de legalización de decenas de organización con fines políticos, que han sido represados sin explicaciones ni reconocimiento, contraviniendo las vigentes pautas constitucionales y legales. El CNE debe dejar de ser una «cámara oscura» al servicio del PSUV y sus satélites sometidos crematísticamente a los dictados gubernamentales.

4.- Prohibición absoluta del ventajismo gubernamental del PSUV y sus satélites, que se han habituado a la utilización impune de recursos públicos que pertenecen al pueblo venezolano, hoy empobrecido y traicionado.

 

Los funcionarios de los entes públicos nacionales, regionales y municipales incurren en delito cuando dilapidan recursos financieros del erario (peculado doloso) y al utilizar bienes muebles e inmuebles institucionales (peculado de uso) a beneficio del activismo electoral de sus respectivas organizaciones con fines políticos, sean «oficialistas» u «opositores».

5.- Democratización del Sistema Público de Medios de Comunicación Social al servicio de la pluralidad nacional. VTV, RNV, Correo del Orinoco y demás medios adscritos a entes públicos nacionales, regionales y municipales deben interrumpir su línea editorial sectaria, censuradora y excluyente al no servicio del PSUV y sus satélites.

El Ministerio de Información y Comunicación y CONATEL deben cesar la política coaccionadora y de censura hacia los profesionales que trabajan en los medios públicos o medios en manos de particulares. Sin libertad de expresión y pluralismo informativo no habrá proceso electoral presidencial equitativo, finalizó diciendo