Este jueves, un grupo de organizaciones políticas, sindicales y sociales exigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que cumpla «con los protocolos de auditabilidad» y «publique con celeridad» los resultados de las elecciones del pasado domingo, mesa por mesa.

Las exigencias fueron hechas a través de una rueda de prensa en la que participaron representantes de La Otra Campaña, Voces Antiimperialistas, el Bloque Histórico Popular, Movimiento Popular Alternativo, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y el Partido Comunista de Venezuela.

Las organizaciones anunciaron que el próximo sábado 3 de agosto se realizará en Caracas una asamblea para la constitución de un frente democrático-popular «para la defensa de la Constitución y la soberanía».

Manuel Isidro Molina, presidente del Movimiento Popular Alternativo

A continuación, reproducimos integralmente el comunicado leído en la declaración:

Un conjunto de organizaciones sociales y políticas, de vocación democrática y popular, hemos decidido pronunciarnos juntas sobre el reciente proceso electoral venezolano, su resultado provisorio, sus falencias, las consecuencias que ha generado en el país; y también para proponer salidas democráticas a la actual coyuntura.

El 28 de julio pasado se cumplió una extraordinaria jornada cívica dónde el pueblo venezolano expresó de manera masiva su voluntad, demostrando, como ya es tradición, una determinante vocación democrática.

No obstante, distintos hechos han empañado el proceso e impiden tener confianza plena en el anuncio de resultados realizado por el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Entre ellos: a) la denuncia formulada por uno de los candidatos que señala que el Boletín N°1, que leyó Amoroso la madrugada del 29, no se imprimió en la Sala de totalización, en presencia de testigos de los partidos, como señala el protocolo que se debió realizar; b) la denuncia del equipo de otro de los candidatos que señala que el resultado anunciado por Amoroso, dando por ganador al actual presidente Nicolás Maduro, no se corresponde con la totalización del 80% de las actas que están en su poder; c) la proclamación de Nicolás Maduro como Presidente electo, pese a que faltaba por totalizar un 20% de las actas (equivalente a más de 2 millones de votos), que podrían haber modificado el resultado final; d) la denuncia del presidente del CNE de un hackeo masivo de la plataforma electoral considerada invulnerable, lo que implicó la interrupción de la transmisión de datos el 28 y; e) la no publicación de los resultados desagregados, mesa por mesa, tal como ha ocurrido a las pocas horas de procesos anteriores, con lo cual se impide la verificación ciudadana sobre el proceso. La fortaleza del sistema electoral venezolano, probado en decenas de elecciones, es su transparencia y auditabilidad. En esta ocasión, hay hechos y denuncias que limitan seriamente esas características y, en consecuencia, debilitan la credibilidad de los anuncios parciales realizados por el CNE.

 

Luego del anuncio de Amoroso, se produjo una ola de movilizaciones masivas en las principales ciudades del país que cuestionaban el resultado anunciado por el CNE. Estas ocurrieron, en particular, en zonas populares. Este es un hecho a resaltar. A diferencia de otras movilizaciones que cuestionaban el resultado electoral en el pasado reciente, estas no ocurrieron en zonas de ingresos medios y altos, tradicionalmente afines a la oposición política de derecha; sino en barrios y pueblos que en el pasado protagonizaron el proceso político y social liderado por el presidente Chávez. La inmensa mayoría de esas manifestaciones fueron pacíficas: gente en las calles, marchas espontáneas, cacerolazos, consignas. Algunas de ellas desencadenaron hechos violentos, lamentables agresiones a militantes del PSUV, casas de ese partido y otros bienes. El Estado ha respondido realizando una criminalización generalizada de la protesta, señalándolas a todas como violentas y terroristas. Ha judicializado a más de 1000 personas y ha activado no solo a los cuerpos de seguridad, sino también a civiles amados que han disparado armas de fuego contra manifestantes y realizado detenciones, en algunos casos, de personas que se encuentra desaparecidas.

El día de ayer, 31 de julio, el Presidente Nicolás Maduro acudió ante la sala electoral del TSJ para introducir un recurso solicitando su intervención en un proceso de totalización que aun no ha concluido y la investigación de presuntos ilícitos electorales.

Frente a estos hechos, señalamos lo siguiente:

La democracia y el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del derecho al sufragio para elegir la máxima autoridad del país están siendo amenazados por las fallas y omisiones del CNE. En tal sentido, exigimos al CNE que cumpla con los protocolos de auditabilidad y publique con la mayor celeridad posible los resultados desagregados, mesa por mesa. En primer lugar, sobre los hombros de los rectores del CNE, recae mantener en este momento la paz de la República, cumpliendo con su mandato constitucional.

Reivindicamos el derecho a manifestar que tiene el pueblo venezolano. La movilización y expresión son medios que permiten conquistar otros derechos, hacer reclamos justos y transformaciones. La inmensa mayoría de las manifestaciones ocurridas entre el 29 y el 31 de julio fueron pacíficas y legítimas y, en tal sentido, cuestionamos la criminalización generalizada realizada por el alto gobierno. Exigimos a la Defensoría del Pueblo que investigue la legalidad de las detenciones masivas, la situación de ddhh de los detenidos, la pertinencia de los tipos penales que les asigna la FGR (terrorismo, incitación al odio); así como la actuación ilegal de civiles armados que actúan con la aquiescencia del Estado.

Rechazamos enérgicamente las expresiones de odio y violencia contra militantes del PSUV y casas de ese partido por parte de un grupo reducido de manifestantes y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y compañeros de militancia. Estos hechos deben ser debidamente investigados y sancionados.

Consideramos que la actuación del TSJ en el proceso aun inacabado de totalización y auditorías puede no contribuir a la necesaria transparencia y celeridad del proceso. El camino a la paz y a la democracia implica una actuación transparente, auditable y célere del CNE. Cualquier acción institucional que obstaculice eso, apunta a generar violencia y debilitar las garantías sobre los derechos políticos de la población.

Saludamos las posiciones de los Gobiernos de Brasil y Colombia, que coinciden en solicitar la transparencia y auditabilidad del proceso, en el marco de la legislación venezolana, como garantías de paz y ejercicio pleno de la democracia.

Finalmente, invitamos a las organizaciones del campo popular y democrático, a la conformación de un amplio Frente que nos permita, en medio de nuestras diferencias, actuar juntas a favor de la democracia venezolana y la defensa de nuestros derechos civiles, políticos y sociales, que hoy son gravemente vulnerados.