En Venezuela, ser niño es sinónimo de vulnerabilidad. En 2024, la violencia, la explotación y los riesgos digitales convirtieron a la infancia en un campo minado.

Las cifras son alarmantes. Cada día se descubren nuevas historias de terror: los abusos y asesinatos se multiplican, mientras los expedientes de violencia se acumulan, caso tras caso, cada uno más espeluznante que el anterior. Mientras tanto, observamos pasmados cómo tanto la sociedad como el Estado fallan en proteger a quienes deberían ser su máxima prioridad: los niños.

Cuando el monstruo acecha

En Venezuela, ser niño es sinónimo de vulnerabilidad. En 2024, la violencia, la explotación y los riesgos digitales convirtieron a la infancia en un campo minado.

Las cifras son alarmantes. Cada día se descubren nuevas historias de terror: los abusos y asesinatos se multiplican, mientras los expedientes de violencia se acumulan, caso tras caso, cada uno más espeluznante que el anterior. Mientras tanto, observamos pasmados cómo tanto la sociedad como el Estado fallan en proteger a quienes deberían ser su máxima prioridad: los niños.

Uno de los grandes mitos sobre la violencia sexual es que el agresor es una persona ajena a la familia, una figura monstruosa que aparece de improviso. La realidad es muy distinta: esos seres están muy cerca de los niños. Por lo general, viven con ellos o muy cerca.

Dreilys Jhoana Domínguez Urdaneta, una niña de tres años, acumuló en su corta vida una historia de abusos sin igual. Murió de manera terrible: fue torturada y golpeada hasta la muerte por su propia madre y su pareja en el estado Zulia, todo por celos.

Como en todos estos casos, fue la autopsia la que reveló el infierno que padeció Dreilys: signos de abuso sexual de larga data, quemaduras en sus genitales, golpes, fracturas y el desprendimiento de sus riñones fueron algunos de los hallazgos detectados por los patólogos.

El móvil también fue escalofriante: Jissel Jerkin Domínguez (24), madre de la niña, confesó que actuó por celos, ya que su pareja, Rafael González (27), abusaba de la menor. El hombre habría confesado que no quería estar con la mujer, sino que prefería a la niña.

Tras una salvaje golpiza, la pequeña se desmayó. La llevaron a un centro de salud alegando que se había caído, pero los médicos detectaron el maltrato y denunciaron a los perpetradores. Hoy, ambos están presos.

Este caso no es un hecho aislado, sino el último de una larga lista. Esta historia se repite sin que se tomen acciones concretas. Prueba de ello es que, entre marzo y julio de 2024, la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) documentó 278 casos de abuso sexual a menores, con un alarmante promedio de una víctima cada 13 horas.

En la calle, la explotación acecha
La situación de violencia contra los niños es grave. Muchos viven verdaderos infiernos en sus hogares, pero las calles no son más seguras. En enero de 2024, el Cicpc desarticuló en Caracas una red encabezada por Jorge Luis Mendoza Blanco (38), que reclutaba a niños para explotarlos a cambio de «seguridad y alimentación». Los obligaba a limpiar parabrisas en los semáforos de la ciudad.

En Maracay, otra historia salió a la luz al descubrirse a 12 menores explotados en un taller textil clandestino. Estaban encerrados y eran golpeados si intentaban escapar. Estos casos son solo la cara visible de algo más grave: en el Arco Minero del Orinoco se han contabilizado más de mil menores obligados a trabajar o prostituirse en minas ilegales, expuestos a condiciones de esclavitud.

En las redes sociales, los retos matan
El Chroming Challenge y el Clonazepam Challenge se hicieron virales el año pasado. En noviembre de 2024, tres adolescentes murieron tras presuntamente participar en retos virales difundidos en TikTok. Los menores fallecieron tras inhalar químicos tóxicos y consumir pastillas en exceso.

Aunque la mayoría de los casos ocurrió en instituciones educativas del interior del país, donde hay menor acceso a telefonía celular, internet y redes sociales, las autoridades anunciaron desde un principio que estaban relacionados con los llamados retos virales, específicamente con el Chroming Challenge y el Clonazepam Challenge, supuestamente populares en TikTok.

Las investigaciones no buscaron otras posibles causas de las intoxicaciones, y el Estado terminó dando un ultimátum a la plataforma china para que retirara el contenido peligroso en 72 horas. El caso se resolvió, no sin antes anunciar un posible e inminente control sobre las redes sociales a través de una nueva legislación.

Por otra parte, es importante destacar que aproximadamente el 40% de los adolescentes ha sido víctima de acoso en redes sociales, y el 15% ha recibido propuestas sexuales de adultos por la misma vía.

Bullying: Cuando la violencia no cesa
En 2024, Cecodap registró 341 denuncias de bullying, incluyendo casos de agresiones físicas, acoso verbal y ciberbullying. El 60% de las víctimas reportaron depresión y ansiedad, y el 20% abandonó la escuela.

Carlos Trapani, directivo de Cecodap, ha señalado que el bullying no es un problema aislado, sino un reflejo de la violencia estructural que vive Venezuela. En una entrevista, afirmó: «El acoso escolar es una expresión más de la violencia que permea nuestra sociedad. Los niños y adolescentes reproducen lo que ven en sus hogares, calles, escuelas y medios de comunicación. El bullying no es solo un problema de las escuelas, es un problema de todos».

Uno de los problemas para enfrentar este riesgo es la ausencia de protocolos para atender este tema tan espinoso. Finalmente, se ha impuesto una perspectiva penalista sobre la perspectiva de la educación y prevención. El bullying se ve como un delito que puede y debe ser penado, pero no como algo sobre lo que debe educarse, más allá de una campaña coyuntural o una charla esporádica en uno que otro plantel.

El fiscal Tarek William Saab señaló en 2023 haber «creado herramientas para proteger a la niñez venezolana de todas las formas de violencia, incluyendo el acoso escolar», al referirse a fiscalías capacitadas para atender casos de vulneración de derechos y garantizar que los responsables sean sancionados.

Sin embargo, debe destacarse que tanto la Fiscalía como las ONG coinciden en el papel de la educación en la lucha contra este flagelo.

Fuente: Diario El Universal